Por Mario Reggiardo[1]

¿Qué tienen en común Kofi Annan (ex Secretario General de la ONU), Fernando Henrique Cardozo (ex Presidente de Brasil), Richard Branson (fundador del grupo Virgin), Mario Vargas Llosa (premio Nobel de Literatura) y George Shultz (ex Secretario de Estado de EEUU)?   Todos ellos, junto a otras destacadas personalidades mundiales[2], emitieron en el 2011 un informe como miembros de la Comisión Global de Política de Drogas[3].   Allí piden el fin de la fracasada guerra contra los estupefacientes y explican la necesidad de reformas fundamentales en el régimen mundial de prohibición de las drogas.  Pero lo que debió ser una bomba que abra paso a un nuevo enfoque político a nivel global sobre este problema, casi ha pasado desapercibido y por ahora es solo un estudio tomado en cuenta apenas por pequeños círculos de científicos sociales.

El problema no fue la promoción del informe.  Fue presentado auspiciosamente en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, rebotó de inmediato a través de las principales agencias de noticias y fue impulsado por una red de distinguidos e influyentes miembros de la comunidad científica, política y empresarial a nivel mundial.  Sin embargo, en casi todos los países, a nivel político el tema sigue siendo un tabú.  Los que promueven el debate son tildados de drogadictos o libertinos, los gobernantes siguen destinando cientos de millones de dólares a una guerra contra las drogas absolutamente perdida y la opinión púbica sigue convencida de que el problema de los estupefacientes debe ser tratado como los robos, los asesinatos o las violaciones sexuales.   Esta tendencia mundial a la criminalización, sin embargo, es algo que tiene poco tiempo.

Un poco de historia

La prohibición a las drogas no empezó en la Edad Media sino en 1829 cuando China prohibió el opio.  Pero ello se trató de una medida aislada ya que la criminalización a nivel mundial empezó recién en 1961.  La Convención Única sobre Estupefacientes firmada ese año es el tratado internacional contra la manufactura y el tráfico ilícito de drogas, lo que dio inicio al régimen global para el control de los estupefacientes.  Ahí empezaron las primeras redadas policiales como parte de una política de estado.  Lo más fuerte vino 10 años después, cuando Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos de América en ese entonces, promovió el Protocolo de 1971 de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes.  Se dio así inicio a la guerra contra las drogas.  40 años después el resultado de esta agresiva prohibición es un catastrófico fracaso para los gobiernos y sus ciudadanos.  Veamos por qué.

Desde una perspectiva económica, la lógica detrás de la prohibición es la ley de la demanda.  Algunos suponen que si sube el precio de la actividad (la pena de cárcel) baja el nivel de la actividad (la venta de drogas).  Pero la demanda de drogas es en buena parte inelástica, con lo cual el consumo continuará solo que los consumidores pagarán precios más altos en el mercado negro.  La gigantesca rentabilidad del narcotráfico hace que el costo de la actividad sea muy bajo para los narcotraficantes.   La ley de la demanda aplicada a las penas de cárcel no puede aplicarse literalmente sobre las penas del Código Penal, sino que debe hacerse sobre el costo esperado de esa pena; es decir, lo que el sentido común le dice al narcotraficante es que el costo de su actividad (los años de cárcel) debe ser afectado por la probabilidad de que realmente pueda ser privado de su libertad mediante una condena judicial firme.  Y todos sabemos que la venta de drogas no genera automáticamente que el narcotraficante vaya a la cárcel.  La realidad demuestra más bien lo contrario.  Dado su poder económico, político y de facto, es poco probable que los narcotraficantes  vayan a la cárcel, lo que se traduce en que el costo esperado de la actividad para ellos es muy bajo.  Por ahí no va la solución y los resultados en el mundo lo confirman.  En todos lados se puede conseguir drogas, la diferencia solo está en el precio que se paga por ellas.

Los beneficios de la criminalización

Los efectos positivos de la prohibición son pocos.   Se dice que al prohibir la venta de estupefacientes, se reduce la criminalidad.  Pero si ello fuese así, los Países Bajos sería el lugar más inseguro del mundo.  Ocurre que allí no solo no aumentó la criminalidad luego de la legalización de las drogas blandas, sino que incluso disminuyó el índice de delitos al punto que es un país que está cerrando cárceles[4].   Los conservadores no-consumidores creen que los consumidores tienen un incentivo a volverse delincuentes con la finalidad de satisfacer su adicción, pero ello pasa solo en una muy reducida minoría.   Los delincuentes suelen consumir más alcohol que marihuana y no por eso a los conservadores se les ha ocurrido prohibir el alcohol.  La criminalización de las drogas tranquiliza el espíritu conservador de los moralistas, pero eso no resuelve el problema de las drogas sino que lo agrava.  Si bien la prohibición aumenta el costo de acceso a las drogas, no disminuye la demanda de los consumidores.   Baja el número de ofertantes, pero incentiva a que los más violentos y corruptos sean quienes se dediquen al narcotráfico.

Los defensores más radicales sobre la prohibición sostienen que para obtener el objetivo de vivir en una sociedad sin drogas, la política de criminalización debe dirigirse no solo contra los narcotraficantes sino también contra los consumidores.   Ello es excesivo porque penalizar el consumo es una política adecuada cuando la actividad a prohibir se basa directamente en la afectación a terceros en situación vulnerable como la prostitución infantil y la trata de mujeres.  Algunos de los que quieren mantener la prohibición lo hacen también porque prefieren vivir de modo tranquilo y seguro en una sociedad sin adictos; pero cuando hablamos de marihuana, criminalizar el consumo no solo es paternalista pues reduce la libertad de los individuos a realizar una actividad que no daña a terceros, sino que además es incoherente porque si se quiere reducir la inseguridad, la violencia y la criminalidad debería prohibirse también el alcohol.  Y si lo que se busca es eliminar las adicciones entonces deberían prohibirse también otras drogas legales en todo el mundo como el tabaco, los opiáceos (Vicodin, Percocet), las benzodiacepinas (Xanax, Valium), los medicamentos para el trastorno del déficit de atención (Ritalin, Adderall) o la codeína presente en el jarabe para la tos[5].  El tratamiento en esos casos es la regulación, no la criminalización.

Por ello los primeros que celebran felices este manto de oscurantismo son los mismos narcotraficantes, quienes necesitan del mercado negro para mantener sus ganancias multimillonarias.  Pero tal vez celebran también los otros actores que ganan con la prohibición: los vendedores de armas, los políticos financiados por el narcotráfico, los empresarios que lavan el dinero, así como los jueces, militares y policías que se benefician con el pago de coimas a cambio de impunidad.   Pero ese beneficio individual de unos cuantos se logra a cambio de un alto costo que debe asumir el resto de ciudadanos.

Los costos de la criminalización

Los problemas generados por la política de la prohibición son enormes.  La alta rentabilidad del negocio atrae a lo peor de la sociedad.  Los narcotraficantes sostienen su empresa sobre la base del miedo y el uso de una violencia salvaje.  Todo el que se cruce en su camino puede sufrir consecuencias mortales.  Ello aumenta la inseguridad ciudadana.  Por eso la peor época de los Estados Unidos de América bajo ese criterio, fue la década de la prohibición del alcohol.  Ese mercado negro lo manejaban los gánsteres y Al Capone era uno de sus líderes.  Cuando se levantó la prohibición de la venta de alcohol, los niveles de violencia en ese país se redujeron considerablemente y los delincuentes simplemente cambiaron de actividad (las apuestas etc)[6].  Para sostener su actividad sin ir a la cárcel, los narcotraficantes necesitan además corromper policías, fiscales, jueces y toda autoridad que se les interponga.  El narcotráfico dificulta y traba incluso políticas públicas destinadas a mejorar la salud, la seguridad, la educación, la justicia, el transporte etc.  Cuando se compra un funcionario que era honesto, éste último se vuelve proclive a corromperse luego frente a otros tipos de delito.  Por ello el narcotráfico mientras siga criminalizado, contribuye a extender la corrupción con el consecuente debilitamiento del estado de derecho y el principio de autoridad.  Se desmoronan las instituciones públicas y el más fuerte hace lo que quiere.

El mercado negro de las drogas implica también que el producto no es supervisado, ni regulado, ni existe control de calidad, servicio al consumidor ni derecho al reclamo jurídicamente protegible.  Al no haber compañías de prestigio en el negocio –como sí las hay en la industria del alcohol, el tabaco y los fármacos-, usualmente se comercializan drogas adulteradas de baja calidad, lo que aumenta el riesgo para la salud de los consumidores.  Dado que se desconoce el origen del producto, es altísimo el costo de que el consumidor se informe sobre la calidad de la droga que adquiere.

Otro efecto es que los gobiernos gastan decenas y hasta cientos de millones de dólares de los contribuyentes en detectar y reprimir a los narcotraficantes, con resultados negativos[7].  El alto costo de reducir la oferta es inútil pues cuando se elimina una banda, aparece otra que la reemplaza inmediatamente ya que la guerra contra las drogas no reduce la demanda de los consumidores.   Esta política de represión suele afectar básicamente a los vendedores callejeros, llenando las cárceles innecesariamente y destruyendo familias de bajos recursos[8].  Los verdaderos narcotraficantes son muy ricos, están libres y salen sonrientes en las fotos de sociales.

Los costos de la legalización

La nueva política que legaliza la comercialización de la marihuana en Uruguay (hecho que también ha ocurrido en los estados de Washington y Colorado en los EEUU[9]), genera perjuicios para la sociedad muy inferiores frente a los beneficios que ello traerá.  Los costos de legalizar la marihuana son pocos.  El gasto público para regular y supervisar la comercialización de las drogas es bajo comparado al gasto militar para reprimir inútilmente al narcotráfico.   Podría haber un aumento en el consumo por una reducción en el costo de acceso a la marihuana, pero los jóvenes que se inician por morbo y la natural tentación a lo prohibido, perderán también su principal incentivo.   Incluso si asumimos que aumenta sustancialmente el consumo de marihuana, son muy inusuales las sobredosis de marihuana y si ocurren tampoco causan la muerte como sí lo hace el consumo excesivo de alcohol, tabaco o barbitúricos.  Por último, el temor al turismo de drogas podría diluirse con el hecho que en Uruguay solo se venderá a residentes.  Sin duda el fácil acceso hará que parte de esa marihuana vaya a los extranjeros que visitan el país, pero ese acceso al mercado negro tendrá un costo que desincentivará que extranjeros viajen temporalmente a Uruguay solo con esa finalidad.  No será un caso similar al de los Países Bajos, donde el acceso abierto a la marihuana sí incentiva la llegada de turistas que buscan el consumo de drogas blandas a bajo costo.

El único costo sustancial de la descriminalización es caer en el exceso de regulación, lo cual puede generar costos de transacción tan altos que termina, sin querer, incentivando el mercado negro que justamente se quiere evitar.

Los beneficios de la legalización

Los beneficios de la legalización, en cambio, son enormes.  Permite la entrada de empresas serias que brindarán un producto de mejor calidad, información sobre efectos secundarios y tratamiento en caso de sobredosis.  Este beneficio tal vez sea menor en Uruguay, pues en ese caso será el mismo Estado quien comercializará la marihuana, lo que elimina las ventajas de un producto ofrecido por distintos competidores.   La nueva política también genera inmediatamente la reducción de la corrupción en las autoridades públicas porque ya no habrá narcotraficantes a quienes reprimir ni sancionar.  Además, el nuevo tiempo libre de jueces, policías y militares puede ser destinado a solucionar otros conflictos, prevenir verdaderos delitos y cuidar eficazmente las fronteras.  Desaparecen también los políticos financiados por el narcotráfico, disminuye la violencia y aumenta la seguridad ciudadana.   Con todo ello se fortalece el estado de derecho y el principio de autoridad, lo que permite el funcionamiento de otras políticas públicas que sí busquen el beneficio de los individuos.   Por último, basta un pequeño porcentaje de las millonarias sumas de dinero gastadas en armas y acciones militares, para que sea invertido en políticas de salud pública que recupere adictos, así como en políticas de educación y deporte que realmente prevengan el consumo de drogas por los más jóvenes, dejándose así de lado las simplonas e inservibles campañas del tipo “A la droga dile no”.

Como bien dice Bullard[10], los partidarios de la criminalización se vuelven sin querer en cómplices del narcotráfico y de todos sus males.  Un análisis serio de la criminalización de las drogas sí permite concluir en la necesidad de eliminar esa costosa, inútil y perjudicial política.   Como lo está haciendo Uruguay (y los estados de Colorado y Washington), llegó el momento de tratar las drogas como un problema de salud pública y dejar de incentivar las actividades de los verdaderos delincuentes.



[1]  El autor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, master en Derecho y Economía por la Universidad de Hamburgo y profesor de Análisis Económico del Derecho y Derecho Procesal Civil en la Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.   Es socio de Reggiardo & Grau – Abogados.

[2] Entre los que participaron del informe también están Paul Volcker (ex Secretario de la Reserva Federal de EEUU), César Gaviria (ex Presidente de Colombia), Marion Casper-Merk (ex Secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud de Alemania), Javier Solana (ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común), Ruth Dreifuss (ex Presidente de Suiza), Ernesto Zedillo (ex Presidente de México), John Whitehead (banquero y presidente del World Trade Center Memorial Foundation) entre otros.

[3] COMISION GLOBAL DE POLITICAS DE DROGAS.  Las Drogas.  Junio, 2011. 20p.  Al 8 de marzo de 2014 está colgado en: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf Este documento es de lectura indispensable para todo interesado en estudiar el problema de la criminalización de la venta de drogas.

[4] Esta afirmación la hizo el ex Presidente de Colombia Ernesto Samper el 6 de marzo del 2014 durante la presentación de su libro en el auditorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada en Lima.  Ver: SAMPER PIZANO, Ernesto.  Drogas. Prohibición o Legalización.  Una nueva propuesta.  Madrid: Debate, 2014.

[5] Comisión Global de Políticas de Drogas.  Op.Cit. p.12

[6] Solís concluye que si las drogas hubiesen sido legales, Johnny Walker hubiese vendido cocaína de excelente calidad y Pablo Escobar se hubiese dedicado a otra actividad delictiva, como asaltar bancos o estafar inversionistas.  Ver: SOLIS, Gerardo. “¿En que se parecen Jhonny Walker y Pablo Escobar?  El problema de las drogas: entre la prohibición y la libertad”.   En: Themis-Revista de Derecho N° 44, 2002.

[7] El Perú gastará aproximadamente US$ 300 millones en erradicar plantaciones de coca durante el 2014.  El efecto de ello es, simplemente, que los narcotraficantes buscarán nuevas tierras para seguir sembrando, como lo vienen haciendo desde hace 30 años.  En: El Comercio, 5 de marzo de 2014.  Versión on line: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/peru-destina-us300-millones-lucha-antidrogas-2014-noticia-1714075

[8] Comisión Global de Políticas de Drogas.  Op.Cit. p.3

[9] En el estado de California, el referéndum para la legalización de la venta de marihuana arrojó que el 44% de los electores estaba de acuerdo con liberalizar ese mercado.

[10] BULLARD, Alfredo.  En: El Comercio.  Lima, 3 de agosto del  2013. p.A29

*Imagen tomada de la galería de oswaldo