mineria

La ilegalidad en la actividad minera no resulta una novedad en nuestro país. Según fuentes extraoficiales del Ministerio de Energía y Minas, hasta inicios del 2008 se registraba presencia de minería ilegal en 21 regiones[1]. Hoy en día, esta ha invadido de manera indiscriminada la totalidad de nuestro territorio.

Desde el Gobierno de Alan García se vienen presentando diversos esfuerzos por erradicar esta actividad, implementándose acciones de control mediante distintas normas legales[2]; sin embargo, aún no se ha logrado detener la minería ilegal, sino -por el contrario- esta se ha intensificado.

En el año 2012 se dictaron nueve Decretos Legislativos, que actualmente, junto con otras normas[3], tienen como objetivo poner fin a la actividad minera ilegal, fijando los lineamientos para la lucha contra esta actividad y la criminalidad asociada (Decretos Legislativos No. 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107). Estos Decretos Legislativos introdujeron ciertas medidas que merecen la pena destacar:

  • La distinción legal entre minería ilegal e informal.
  • La creación del “Proceso de Formalización”, que culminó el 19 de abril del 2014.
  • La regulación de las actividades de interdicción a ser ejecutadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y DICAPI.
  • La regulación respecto al control de insumos y maquinarias utilizadas en la minería ilegal.
  • La inclusión de delitos relacionados a la minería ilegal en el Código Penal.

Ahora bien, resulta importante resaltar la distinción legal entre minería ilegal e informal, que se estableció a efectos de generar una diferenciación objetiva que permita darle un tratamiento legal acorde a cada una de estas actividades. Así, la minería ilegal se diferencia de la “minería informal”, pues esta última no se realiza en zonas prohibidas y quienes la realizan se han acogido al Proceso de Formalización. Con esta diferenciación se establecen dos reglas fundamentales: (i) los mineros ilegales no tienen la posibilidad de entrar al régimen de formalización; y, (ii) se “protege” a aquellos mineros que si bien actúan fuera del marco legal, tienen la voluntad de ser formales.

El Proceso de Formalización, implementado mediante el Decreto Legislativo No. 1105, establecía seis pasos -inicialmente- preclusivos a cumplirse en plazos definidos para lograr la formalización[4], culminando en abril del 2014. Estos plazos a lo largo del proceso se vieron flexibilizados[5], lo que demostraba que no se estaba cumpliendo el objetivo inicial. Finalmente, llegada la fecha límite, únicamente 70,000 de aproximadamente 200,000 ilegales habían presentado una Declaración de Compromisos, mostrando su voluntad de formalizarse, siendo que menos de 2,000 mineros consiguieron culminar con el Proceso de Formalización.

Como se observa, este proceso no cumplió con éxito sus objetivos, ya que no logró formalizar la minería ilegal en la fecha establecida para dichos efectos. Es por ello que, como último esfuerzo, mediante el Decreto Supremo No. 029-2014-PCM se creó un “Régimen de Saneamiento”, que permite a aquellos mineros con Declaración de Compromisos vigente y RUC continuar con el proceso para formalizarse hasta el año 2016; es decir, el proceso se amplió por 2 años adicionales.

Es en ese contexto que las críticas y cuestionamientos al Gobierno anterior no se hicieron esperar, generando -finalmente- una gran expectativa por las acciones que implementaría el Gobierno entrante. Sin embargo, a 2 meses de culminar dicho “Régimen de Saneamiento” aún no se ha determinado cuál será la situación legal de los más de 30,000 mineros inscritos en el Registro de Saneamiento para el año 2017, ni cuáles son las medidas que se planean implementar para erradicar esta actividad.

Sin lugar a dudas, consideramos que la derogación de la regulación actual no sería la solución al problema, por el contrario, se generarían una serie de vacíos y deficiencias que permitirían dar paso nuevamente al uso de dragas o maquinarias contaminantes en los ríos de nuestra Amazonía. Los siguientes pasos a seguir deben de partir por reconocer los avances que se han alcanzado hasta la fecha y detectar aquellos cuellos de botella que han impedido la eficacia de los procedimientos existentes. La participación conjunta de todas las instancias y niveles de Gobierno así como el fortalecimiento de las instituciones a cargo, exclusivamente de los Gobiernos Regionales, resulta fundamental para lograr resultados satisfactorios. Adicionalmente a ello, es necesario implementar mecanismos de diálogo e incentivos que permitan idear un plan de acción de la mano con todos los actores involucrados.

Finalmente, consideramos que el diseño de las nuevas políticas de acción deben de tener en cuenta las características de las distintas zonas donde se realiza la actividad minera, a efectos de establecer reglas diferenciadas para la actividad minera aluvial como la filoniana. Asimismo, la superposición de derechos y la implementación limitada de figuras como el ordenamiento territorial deben ser aspectos a considerar, que permitan generar seguridad jurídica y evitar la presencia de conflictos sociales.

Así las cosas, no podemos desconocer la voluntad y los avances del anterior Gobierno en la formalización de esta actividad, que -sin duda- ha marcado un hito importante con la regulación hoy vigente. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y los retos para el actual Gobierno no son pocos. Es así que se espera que en los próximos meses exista un pronunciamiento definitivo que fije las reglas y propósitos claros que permitan continuar la lucha contra esta actividad, que no solo ha generado serios impactos en el medio ambiente[6], sino también que ha afectado la salud y la calidad de vida de muchos peruanos.

Por: Natalia Zúñiga Arbildo[7]

[1]           IPENZA, César A. y Lenin Valencia. “La realidad de la minería ilegal en los países amazónicos: Perú”. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima, 2014, pp. 187.

[2]           Con fecha 18 de febrero del 2010, se publicó el Decreto de Urgencia No. 012-2010, que declaraba de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios.

[3]           Algunos ejemplos de estas normas complementarias son las siguientes: Decreto Supremo No. 043-2012-EM, que dicta disposiciones complementarias para la aplicación de los Decretos Legislativos No. 1100 y 1105; Decreto Supremo No. 016.2014-EM, que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal; Decreto Supremo No. 004-2012-MINAM, que establece disposiciones complementarias para el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso; Resolución de Consejo Directivo No. 031-2014-OEFA/CD, que aprueba reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación en el ámbito de la fiscalización ambiental minera; entre otras.

[4]           Los pasos para la Formalización Minera eran los siguientes: (i) Declaración de Compromisos; (ii) Acreditación de titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación; (iii) Acreditación de Propiedad o autorización sobre el terreno Superficial; (iv) Autorización de Uso de Aguas; (v) Aprobación de Instrumento de Gestión Ambiental; y, (vi) Autorización para el Inicio/Reinicio de Actividades.

[5]           Mediante Decreto Supremo No. 032-2013-MEM se estableció que todos aquellas personas que se encontraran inscritos en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos y contaran con títulos de concesión minera o contratos de explotación, podrían acreditar hasta el 19 de abril de 2014 el cumplimiento todos los demás requisitos, entre otras ventajas.

[6]           Véase: http://elcomercio.pe/sociedad/madre-de-dios/madre-dios-mineria-ilegal-tambopata-arrasa-450-hectareas-noticia-1935343

[7]           Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociada del Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International.