pesca

Por

Richard Inurritegui

Estudio Rodrigo, Elías & Medrano

Conforme a la Constitución Política del Perú  (art 66°) los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y le corresponde al Estado en forma soberana establecer las condiciones para su aprovechamiento. Esas condiciones de utilización y de otorgamiento de derechos a particulares se establecen por Ley Orgánica y  la concesión que se otorga se constituye en un derecho real sujeto a las condiciones fijadas por ley.

En el caso de los recursos pesqueros que son de naturaleza renovable, el Perú ostenta una pesquería privilegiada a nivel mundial. Tenemos uno de los mares más ricos y el recurso pesquero de mayor valor en términos de biomasa y productividad que es la anchoveta; esto nos ha llevado a ser el segundo país pesquero en el mundo y los primeros productores de harina y aceite de pescado.

Por ello la industria pesquera es un agente importante de la economía peruana y por lo mismo se exige de parte de la autoridad pesquera que se de un uso eficiente de los recursos pesqueros. Un concepto primordial que debe primar en la explotación de los recursos pesqueros es el que se orienta hacia “un máximo aprovechamiento sostenible” y este concepto implica que podemos explotarlos en la medida que pueda garantizarse su renovación y cuidado, en palabras comunes, que no se depreden.

Para ello existe una serie de medidas que se adoptan para cada pesquería a través de reglamentos de ordenamiento pesqueros (por ejemplo para anchoveta, jurel, merluza, atún y pota). En dichos reglamentos se establecen para cada pesquería las condiciones de acceso, el esfuerzo pesquero, el tipo de embarcaciones, las artes de pesca, el tamaño de redes, las zonas de pesca, y otras disposiciones orientadas a regular su explotación. También son fundamentales ya durante las operaciones, otras medidas de manejo biológicas como los períodos de veda, las tallas mínimas y los porcentajes de tolerancia de captura juvenil.

Un punto de partida muy importante es el acceso a la pesquería, determinando cuál es el esfuerzo pesquero que la misma debería soportar; es decir, cuántas embarcaciones deberían ser autorizadas. Para ello, la Ley General de Pesca – Decreto Ley N° 25977 y el Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo N° 012-2001-PE y normas modificatorias, disponen reglas dependiendo de la situación de cada recurso. Así por ejemplo, para los recursos que se encuentren en estado de “sub-explotación” establecerá condiciones de acceso más flexibles para poder desarrollar más esas pesquerías. Para los recursos que se encuentran en estado de “plena explotación” se establece una rigidez para no permitir más embarcaciones (esfuerzo pesquero) de las que ya hay; por ello, quien quisiera entrar a una pesquería de un recurso en plena explotación, debe cumplir con el requisito de sustituir igual capacidad de bodega de flota existente en dicha pesquería; en resumidas cuentas, si quiero poner una embarcación nueva debo sacar del mar otra de iguales dimensiones, de tal manera que el esfuerzo pesquero se mantenga inalterable (esta regla general, ha sido innumerables veces obviada para pesquerías importantes como la de anchoveta y jurel determinando un exceso de flota, pero eso puede ser materia de otro artículo).

Otro tema central es el de los derechos de asignación. Como hemos visto, es el Estado el que fija las condiciones para su otorgamiento y se hace a través de permisos de pesca para las respectivas pesquerías. Tradicionalmente los permisos de pesca otorgaban un derecho a la explotación en función a la capacidad de bodega de la embarcación sobre una cuota total autorizada. Así por ejemplo, en la pesquería de anchoveta se abría la temporada con una cuota total determinada y las embarcaciones con permiso de pesca salían a pescar lo que podían hasta que se acababa esa cuota o hasta que llegaba la veda.

Este modelo en el que cada uno pesca como puede con una cuota total como único límite, genera lo que se conoce como “carrera olímpica”, que resulta en tratar de pescar más que otro a como de lugar, generando incentivos perversos para no respetar las normas de ordenamiento pesquero y para crecer indebidamente con las consiguientes ineficiencias económicas.

Hace unos años se empezó a adoptar el modelo de las cuotas individuales, teniendo a la pesquería de merluza como la primera en implementarla. La gran reforma, sin embargo, se dio en la pesquería industrial de la anchoveta en el año 2008 a través del Decreto Legislativo N° 1084 (Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación). La reforma consistió únicamente en asignar a cada embarcación un porcentaje máximo de captura (PMCE) sobre la cuota total, en función a criterios como pesca histórica y capacidad de bodega. A partir de entonces, cada embarcación tiene su PMCE que se aplica sobre la cuota total de la temporada que corresponde y eso determina su límite máximo de captura (LMCE) para cada temporada; es decir, cuántas toneladas puede pescar. El solo hecho de conocer de antemano cuánto puede pescar una embarcación como máximo, generó grandes beneficios porque las empresas adecuaron el tamaño de su flota a la suma de sus PMCE (se redujeron el número de embarcaciones porque podían compartir sus PMCE). Se redujo el incentivo de salir a pescar a como de lugar incluso cuando las condiciones de mar no eran las adecuadas, lo que redujo los accidentes. Se dejó de invertir innecesariamente en aumentar el esfuerzo pesquero lo que redundó en mejores rendimientos económicos. Al poder pescar en forma más espaciada, ya que no había que competir “olímpicamente” con los otros, se generó menos congestión en las descargas en las plantas, por lo que la materia prima llegaba en mejores condiciones resultando en una harina y aceite de mejor calidad y generando menos impactos ambientales. En resumen las cuotas individuales en la pesquería de anchoveta a través de la ley de los límites máximos de captura, significaron un beneficio muy grande y probó que es el modelo que debería seguirse para otras pesquerías.