voto

Ana Cristina Neyra Zegarra

Profesora de la Universidad del Pacífico

 

 

La reforma electoral ha avanzado.

 

Este proceso no ha iniciado el año pasado o este año, como muchos creen, sino que empezó casi al inicio de este periodo parlamentario, cuando los organismos electorales presentaron sus primeras iniciativas, como el Proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral (noviembre 2011), que continuó con los proyectos de Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (mayo 2013) y de Nueva Ley de Partidos Políticos (diciembre 2013).

 

Estas propuestas, conjuntamente con los proyectos de ley presentados por distintos congresistas y grupos parlamentarios, así como del trabajo de las comisiones (especialmente de la Comisión de Constitución y Reglamento) y del Pleno del Congreso de la República, han derivado en algunos avances.

 

Ya tenemos normas que han sido promulgadas, como la prohibición de reelección de gobernadores –antes presidentes– regionales, las modificaciones a la revocatoria (ahora en fecha única y sin que haya elecciones para elegir a las nuevas autoridades, sino solo el reemplazo por el suplente), o la normativa aprobada para combatir el “voto golondrino”[1].

 

También algunas que tendrán directa aplicación en las Elecciones Generales 2016, como la obligatoriedad de que los candidatos presenten los bienes y rentas en su Declaración Jurada de Vida[2], que los partidos políticos o alianzas puedan acceder a información sobre sus candidatos a través de la “Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral”[3], o ya posteriormente a la elección, la aplicación del denominado “escaño vacío”, dejando libre la curul o escaño en caso un congresista sea condenado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos por estos delitos.

 

Aún está en debate y pendiente de decisión de los organismos competentes si la creación del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI), que genera, en caso de estar incluido en el registro, el impedimento de ser candidato y de ejercer un cargo público, resulte de aplicación para el proceso que nos permitirá elegir a nuestro Presidente de la República, Vicepresidentes, 130 congresistas y 15 parlamentarios andinos el 10 de abril próximo[4].

 

Hay algunos temas que se encuentran pendientes de modificación como la democracia interna (que permitiría debatir la posible eliminación del voto preferencial). También, como tanto ha reclamado la ciudadanía, medidas para transparentar y controlar las finanzas de los partidos, así como entregarles un monto anual (financiamiento público directo) para su funcionamiento permanente (de sus comités u otros gastos).

 

El Congreso aprobó algunas normas referidas sobre todo al financiamiento, pero una fue observada por la Presidencia de la República (con un argumento que parecería negar el funcionamiento público directo) y otra se encuentra aún en plazo de promulgación.

 

Con ese estado de la cuestión, hemos tenido novedades respecto del proceso electoral.  El 18 de noviembre último, el Presidente de la República convocó a las Elecciones Generales 2016.

 

Surge entonces la pregunta respecto a si, convocado el proceso electoral, aún es posible efectuar modificaciones.

 

Tener reglas claras es sin duda un aspecto central en todo proceso electoral. En algunos países, como Brasil o Panamá, normas aprobadas con mucha cercanía a una elección fueron inaplicadas para dicho proceso.

 

El marco normativo de las Elecciones Generales 2016 parece ya delimitado, ¿pero eso impide la aprobación de nuevas normas?

 

La oportunidad que presenta que este Congreso ya haya debatido varios temas de la reforma electoral no debe hacer descartar esta posibilidad tan fácilmente.

 

Las normas de financiamiento (público y privado), por ejemplo, que fueron aprobadas por el Congreso, observadas por el Presidente de la República, y que implicarán la insistencia del Legislativo[5], ¿no deben ya ser promulgadas? La necesidad de finanzas y cuentas transparentes parecen hacer necesaria su aprobación. ¿La convocatoria a elecciones hace que su aprobación no sea posible?

 

En primer término, creo que se debe diferenciar si la norma que se busca aprobar es o no aplicable inmediatamente a la elección. De no serlo, no hay mayor complicación con su aprobación. Creo que el caso del financiamiento puede ser ejemplo de ello.

 

Y si la norma tendría impacto directo en la elección (como el reforzar la democracia interna o la eliminación del voto preferencial), siempre puede aprobarse y ser aplicado posteriormente, desde un próximo proceso electoral (vacatio legis).

 

La convocatoria a elecciones es una oportunidad para encauzar la campaña electoral, para comenzar a identificar los candidatos, para medir cómo actúan y cuánto impacta ello en sus potenciales electores, pero no debería ser usada como razón –o excusa– para detener los avances de la reforma electoral.


[1] Votantes que modifican su domicilio fuera de donde realmente viven para favorecer o perjudicar a un candidato o autoridad.

[2] Hoja de vida que deben presentar quienes postulan como candidatos. Incluye trayectoria personal, académica, laboral y política. Desde esta elección incluirá, de manera obligatoria, información sobre bienes y rentas.

[3] Sentencias condenatorias por delitos dolosos en el Perú y en el exterior, órdenes de captura nacional e internacional, deudas municipales, deudas tributarias, bienes, deudas alimentarias y deudas ante el Estado por reparaciones civiles.

[4] Con la posibilidad de segunda vuelta o segunda elección (si ningún candidato o candidata supera el 50% de votos válidos) para la Presidencia de la República.

[5] El Congreso aprobó dos paquetes de reforma. Uno primero, sobre varios temas, en que incluyó la aprobación del financiamiento público directo para las organizaciones políticas, que fue el observado por el Poder Ejecutivo, en que se ha decidido insistir (por la Comisión, pero aún ha sido debatido ni aprobado por el Pleno del Congreso). El segundo estuvo también referido al financiamiento, pero al público y privado, y se aprobaron diversas normas que posibilitaban un mayor y más efectivo control de las cuentas de los partidos políticos; este último aún está pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.