Minería

Por: Milagros Mutsios Ramsay

Al analizar la economía del Perú durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala, la Fundación Heritage afirma que el país “se ha beneficiado de una importante inversión extranjera en minería (…) desde la reforma económica liberal iniciada en la década de 1990. Humala no se retractó de esas reformas, pero tampoco las profundizó”. Adicionalmente, indica que los conflictos sociales que rodean a los proyectos mineros a gran escala amenazan el desarrollo económico a largo plazo. Conclusiones como estas explican que nuestra posición, considerando la libertad económica, haya descendido del puesto 47 al puesto 49 en solo un año[1].

Entonces, ¿a dónde vamos? En opinión del Foro Económico Mundial, si bien el Perú cuenta con potencial minero, debe fortalecer las instituciones públicas mediante el aumento de la eficiencia del gobierno, la lucha contra la corrupción y la mejora de la infraestructura[2].

Por tanto, nuestra riqueza mineral no es el único requisito para desarrollar una eficiente industria minera. Con el fin de explotar nuestro potencial minero, importa fortalecer paralelamente un marco normativo que otorgue al inversionista la seguridad y estabilidad jurídica necesaria para poner en marcha un proyecto de larga inversión y alto riesgo.

En este contexto, analizaremos brevemente (i) los avances en la regulación del sector minero-ambiental en los últimos años; y (ii) el rumbo que plantea el nuevo plan de gobierno para este sector. 

  1. 1.         LOS AVANCES EN LA REGULACIÓN DEL SECTOR MINERO-AMBIENTAL

Desde el 2013, el gobierno peruano ha buscado promover la inversión privada a través del fortalecimiento del marco legal. En el sector minero, ello ha representado la simplificación de procedimientos administrativos, así como el intento por uniformizar el criterio de las autoridades administrativas involucradas en la ejecución de un proyecto minero.

Como ejemplo tenemos al denominado “paquetazo económico”: un conjunto de leyes que se iniciaron con la promulgación del Decreto Supremo No. 054-2013-PCM, el 16 de mayo de 2013, y han continuado hasta la Ley No. 30327, emitida el año 2015.

Así, tenemos a la Ley No. 30230[3], que dispuso, entre otras reglas, medidas administrativas para la promoción de la inversión en materia ambiental. En esta línea, otorgó un plazo de tres (3) años, contados a partir de su vigencia, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. Asimismo, estableció que durante el mismo período, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrían superar el 50% de la multa que correspondiera aplicar[4].

Por otro lado, la Ley No. 30327[5] tuvo como objetivo simplificar e integrar permisos y procedimientos administrativos. Con este fin creó el procedimiento de Certificación Ambiental Global, acto administrativo que engloba títulos habilitantes sobre recursos hídricos, forestales, etc. Asimismo, simplificó el procedimiento para imponer servidumbres sobre terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión. Además, declaró de interés nacional y necesidad pública la optimización, los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada.

Otro hito ha sido la entrada en vigencia del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero[6], norma que representa una mejora en la normativa minero ambiental porque adecua las actividades mineras al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

  1. 2.         EL RECORRIDO A FUTURO – EL “PPK”PLAN DE GOBIERNO

Del análisis del Plan de Gobierno 2016-2021, las propuestas relacionadas con el sector minero se centran en contrarrestar la minería ilegal y fomentar la pequeña minería y minería artesanal. Así, por ejemplo, el lineamiento estratégico 1 busca fomentar una pequeña minería y minería artesanal formal y responsable, creando e implementando el programa “oro limpio” “para emprender un proceso inclusivo (…) con el fin de superar las trabas para su formalización”.

La minería ilegal es un problema que se deba combatir. Sin embargo, resulta “extraño” que se guarde silencio respecto a la gran y mediana minería. Por ejemplo, ¿cuáles serán las acciones del gobierno con relación a los conflictos sociales?, ¿qué garantías se brindarán a la inversión?, ¿cómo se mejorarán las instituciones? Ninguna de estas preguntas se responden en el plan de gobierno de PPK.

Sin embargo, es cierto que se espera que en estos siguientes cinco años de gobierno se otorgue (i) una mayor protección a los derechos de propiedad, y (ii) se genere un alto nivel de liberad económica, laboral y monetaria. Dos componentes que sin duda ayudaran a potenciar nuestro alto potencial minero.

  1. 3.         CONCLUSIÓN

El éxito de la actividad minera en un país no depende únicamente de su potencial minero. Asimismo, es importante que existan reglas claras que regulen su desarrollo. De ese modo, se atraerá al inversionista con un marco regulatorio eficiente, compuesto por reglas claras ejecutadas por una administración alejada de la discrecionalidad.

En suma, el Perú ha mejorado y continúa perfeccionando las reglas en las que se enmarca la actividad minera. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en la construcción de una mejor institucionalidad a fin de otorgar predictibilidad y seguridad jurídica, características necesarias para promover y mantener la inversión. Estas son tareas pendientes que los administrados y la administración deben cumplir para conseguir el desarrollo sostenible del país en materia minero- ambiental.


[1] 2016 Index of Economic Freedom < http://www.heritage.org/index/>

[2] The Gobal Competitiveness Report 2015- 2016.

[3]           Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, promulgada el 12 de julio de 2014.

[4]           Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 19° de la mencionada Ley, la disminución de la multa no aplica en los siguientes escenarios: (i) infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada, (ii) actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas; y, (iii) reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

[5]           Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento y el desarrollo económico. Fue promulgada el 21 de mayo de 2015 y entró en vigencia a los 60 días calendarios de la aprobación de su Reglamento.

[6] Aprobado por Decreto Supremo No. 040-2014-EM.