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Por Alfonso Y. Higa García. Abogado por la PUCP. Asociado del área laboral de Miranda & Amado.

 

Recientemente, la Corte Suprema ha emitido diversas sentencias que han motivado titulares periodísticos, entrevistas, debates académicos y, cómo no, consultas de diversos clientes. Si bien estos pronunciamientos han sido de diversos temas (desde indemnizaciones por despido arbitrario hasta reducciones de remuneraciones), todos generaban una misma inquietud: ¿es precedente vinculante? En ese contexto, la frase y/o respuesta “pero no es precedente vinculante” pretendía transmitir un poco de tranquilidad al asunto.

Sin embargo, en materia laboral la práctica demuestra que existen directivas emitidas por la Corte Suprema que, pese a que ni siquiera constituyen pronunciamientos jurisdiccionales, son aplicados obligatoriamente por las instancias inferiores; y prueba de ello son los cuatro Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral que hasta la fecha ha emitido la Corte Suprema. En efecto, los referidos Plenos no resolvieron ningún caso concreto (por lo tanto, no fueron emitidos ejerciendo función jurisdiccional) sino que, por el contrario, fueron emitidos sobre la base de la facultad regulada en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial.” A pesar de ello, hoy en día nadie duda, por ejemplo, que en la vía ordinaria laboral se puede demandar la reposición alegando la existencia de un despido incausado; y, claro está, el sustento inmediato es el I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, ya que el precedente Baylón no fue suficiente para uniformizar el criterio en el Poder Judicial.

Idéntica situación se produce con pronunciamientos jurisdiccionales emitidos por la Corte Suprema en los que ni siquiera se hace referencia a los términos “pleno” y/o “precedente” pero que igualmente son aplicados por las instancias inferiores. A modo de ejemplo, en lo que respecta al pago de la asignación familiar, particularmente en lo referido a la obligación de comunicar al empleador la existencia de hijos, el análisis sería incompleto si solo se analizara el Decreto Supremo No. 035-90-TR. Cierto es que no existe ningún “precedente vinculante” o “pleno” al respecto, pero no por ello se podría prescindir de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el tema al momento del análisis.

Así, el hecho de que un pronunciamiento de la Corte Suprema en materia laboral no constituya, legalmente, un precedente vinculante, no implicará que sus efectos, por las características específicas de la controversia, se agotarán en el caso concreto. Por el contrario, en la mayoría de los casos aquello solo significará que no se aplicó la herramienta legalmente establecida para establecer un determinado criterio jurisprudencial como de obligatorio cumplimiento. En buena cuenta, no será un precedente vinculante desde el punto de vista legal pero sí lo será desde el punto de vista fáctico.

Con otro ejemplo, el I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral fue publicado en El Peruano el 17 de julio de 2012. Ahora bien, desde el 15 de julio de 2010 ya se encontraba vigente en el Distrito Judicial de Tacna la Nueva Ley Procesal del Trabajo que en su artículo 40 regula expresamente el procedimiento para establecer un precedente jurisdiccional vinculante; y lo mismo ocurría en el caso del Distrito Judicial de Moquegua, en cuyo caso la norma entró en vigencia el 1 de julio de 2011. Pues bien, el 31 de agosto de 2012 fueron publicadas en El Peruano 13 casaciones provenientes del Distrito Judicial de Moquegua y una del Distrito Judicial de Tacna en las que se resolvió, precisamente, uno de los temas del I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral: la posibilidad de demandar la reposición en la vía ordinaria en los supuestos de despidos incausados y fraudulentos. Ello quiere decir que la Corte Suprema tuvo 14 posibilidades para constituir un precedente jurisdiccional vinculante de conformidad con el artículo 40 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; no obstante, en su lugar optó por hacer uso de la facultad prevista en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ahora bien, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema sí ha emitido pronunciamientos señalando, expresamente, principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual favorece la predictibilidad y la seguridad jurídica. Así, por ejemplo, encontramos la Casación No. 10712-2014 LIMA en la que se estableció principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento con respecto al numeral 2 del artículo 26 de la Constitución y se analizó, entre otros aspectos, la validez de la reducción de las remuneraciones.

A pesar de ello, y aterrizando un poco el tema, recientemente fue emitida la “famosa” Casación No. 489-2015 LIMA en la que ni siquiera se mencionó la Casación No. 10712-2014 LIMA, que contenía principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento emitidos por la misma Sala sobre el mismo tema. Lo curioso es que la casación que causó más revuelo no fue la que establecía expresamente principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento sino, por el contrario, la que se habría limitado a resolver únicamente un caso concreto. Igualmente, llama la atención que en ningún debate se hizo referencia a la Casación No. 10712-2014 LIMA; y, sumado a lo anterior, que recientemente se ha emitido la Casación No. 3711-2016 LIMA precisando aspectos de la Casación No. 489-2015 LIMA sin, nuevamente, hacer referencia a los principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento que la misma Sala ya había emitido con anterioridad.

Con todo esto cabe preguntarse ¿cuál de las tres casaciones “pesará” más al momento de invocarla para sostener una posición? Da la impresión que la Casación No. 3711-2016 LIMA, ya que claramente ha sido una respuesta expresa de la Corte Suprema a todos los cuestionamientos que había recibido por el criterio contenido en la Casación No. 489-2015 LIMA. “Pero la Casación No. 3711-2016 LIMA no señala expresamente que contiene principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento” ¿Importa?