despido

Carlos Alberto Quispe Montesinos[1]

 

El Tribunal Constitucional (TC), en consolidada jurisprudencia, ha determinado que el despido arbitrario al que se refiere la Constitución Política (CP),  constituye el género que comprende a distintas  especies tales como el “despido nulo”, el “despido fraudulento” y el “despido incausado” (frente a los cuales es posible lograr una tutela restitutoria), así como también el denominado “despido injustificado” (para el cual se ha previsto una tutela resarcitoria).

En materia de despido injustificado, aun no existe una línea interpretativa sólida frente a situaciones en las que un ex trabajador califica la indemnización de una remuneración y media ordinaria mensual por cada año de servicios, prevista en el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), como insuficiente y exige el pago de resarcimientos adicionales conforme al Código Civil.

A efectos de distinguir cuando nos referimos a las tarifas legalmente previstas por un despido injustificado de aquellos importes fijados judicialmente en atención a la determinación de la presencia de los elementos de la responsabilidad civil, llamaremos “indemnizaciones” a las primeras y “resarcimientos” a los segundos.

El artículo 27 de la CP prescribe que no cualquier forma de protección prevista en la ley puede ser considerada como idónea o suficiente, sino que debe constituirse en una que signifique una real garantía para la vigencia efectiva del derecho. En atención a ello, la LPCL ha desarrollado dos formas de protección: La restitutoria (reposición en el  puesto de trabajo y reanudación del vínculo laboral) y la resarcitoria (el pago de una tarifa legal). En cuanto a la segunda de ellas, el TC ha señalado en el Exp. N° 977 -2001–AA/TC que el régimen resarcitorio es compatible con los principios y valores constitucionales en  aquellos casos en los que el trabajador despedido arbitrariamente, cobra la indemnización o, en su defecto, inicia un proceso con el propósito de exigir del empleador su pago compulsivo.

La denominada tutela resarcitoria será entonces adecuada en tanto el trabajador afectado opte por ella (cobrándola o demandándola). Sin embargo, existen pronunciamientos judiciales que califican de insuficiente tal protección y admiten que un trabajador siempre podría exigir resarcimientos adicionales.

Así, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la Casación N° 699 – 2015 LIMA otorgó un resarcimiento por daño moral adicional a la indemnización por despido injustificado que se había otorgado en la vía laboral, señalando: “el mismo hecho de ser despedido sin causa justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible deterioro de su imagen…”.

Ya con anterioridad la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 5008-2010 LIMA, reafirmando un criterio desarrollado en la Casación N° 399 – 1999 LIMA por la Sala Suprema Civil Permanente, había establecido que la indemnización tarifada prevista en la LPCL solamente otorgaba cobertura al “aspecto laboral”  no involucrando al “aspecto civil” derivado de las “angustias y sufrimientos” de quien sufrió el despido.

Consideramos, sin embargo, que conforme a lo decidido por el TC, la tarifa legal prevista por la LPCL constituye una protección adecuada contra el despido. Por lo tanto, la indemnización por despido injustificado satisface íntegramente toda consecuencia patrimonial (lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño moral) derivados exclusivamente del acto antijurídico del cese ilegítimo.

La existencia de indemnizaciones tarifadas frente a incumplimientos del empleador presenta una serie de ventajas tales como la certeza y previsibilidad en el contenido de la tutela otorgada por la afectación producida; el tratamiento uniforme en la reparación a otorgarse por el daño sufrido; y, la facilitación de la actividad probatoria. Todas estas ventajas de certeza, previsibilidad, equidad y simplificación probatoria perderían su justificación si, adicionalmente, por el mismo incumplimiento y por el mismo daño, se pudieran obtener resarcimientos adicionales bajo las reglas de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, si la conducta antijurídica del empleador lesiona otros derechos o intereses del trabajador no tenemos duda que por este otro daño, para el que no se previó una indemnización tarifada es posible obtener, válidamente, un resarcimiento por  inejecución de obligaciones.

Este criterio ha sido expresado en pronunciamientos de la Segunda Sala Constitucional  y Social Transitoria de la Corte Suprema, la que en la Casación Laboral N° 5423 -2014 LIMA señaló que la indemnización tarifada comprende tanto los daños patrimoniales como los extrapatrimoniales originados por el despido, pero que tal indemnización tarifada se encuentra prevista para todos aquellos daños ordinarios que se puedan presentar producto del despido arbitrario, no encontrándose comprendidas dentro de la misma, los daños extraordinarios derivados de una conducta del empleador que genere una afectación especialmente dañosa sobre la dignidad, el honor y la reputación del trabajador.

La misma Sala Suprema, en la Casación  Laboral N° 139 – 2014 LA LIBERTAD, al resolverse un caso en el que se pretendía un resarcimiento adicional a la compensación económica prevista en la Ley N° 27803, estableció que esta reparaba el daño emergente y el daño moral invocados, por lo que no correspondía reconocer una indemnización adicional que respondiera al mismo concepto a no ser que se acreditaran la existencia de un sufrimiento o  gran aflicción adicional.

Un despido arbitrario (en cualquiera de sus modalidades) no solamente puede vulnerar el derecho al trabajo en su manifestación de conservación del empleo, sino, simultáneamente, otros derechos fundamentales como la intimidad, el honor, la libertad de  conciencia y de religión, las libertades informativas o cualquiera de los que conforman el abierto catálogo que reconoce nuestra Constitución Política. No debería existir mayor limitación para que un trabajador afectado intente válidamente un resarcimiento en tanto acredite que de la misma conducta antijurídica de resolver arbitrariamente la relación de trabajo se derivaron otros daños, los que necesariamente deben ser probados.

Es importante que el Poder Judicial nos ofrezca certeza en sus respuestas frente a pretensiones de esta naturaleza. De lo contrario, tendremos incertidumbre, soluciones inequitativas y ausencia de uniformidad en el quantum resarcitorio a reconocerse o en la actividad probatoria a desplegarse.

[1] Consultor de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de Porres