uif

Por Giuseppe Marzullo

Con fecha 08 de setiembre último, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de ley N° 228/2016-PE, por el cual solicita la delegación de facultades para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otras. Uno de los temas materia del mencionado pedido que mayor controversia ha suscitado es el referido al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el cual, ha sido objeto críticas por parte del grupo parlamentario fujimorista (Fuerza Popular), con mayoría en el Congreso.

Como se sabe, la UIF es una unidad especializada de la SBS que, dentro de sus funciones, se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)[1]. Esta labor, se realiza a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)[2] proporcionados por los Sujetos Obligados (SO)[3], los cuales, luego de ser analizados y evaluados por parte de la UIF, pueden ser transmitidos al Ministerio Público para que investigue la probable comisión del delito de LA/FT.

Sin embargo, la labor de prevención y lucha de la UIF contra el LA/FT se encuentra seriamente limitada por la imposibilidad de la UIF de (i) acceder al secreto bancario y la reserva tributaria y, (ii) compartir los Informes de Inteligencia Financiera con otras entidades claves en la prevención del LA/FT tanto a nivel nacional -como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE- como internacionales, como las UIF´s de países extranjeros.

En efecto, en virtud al secreto bancario la UIF no puede acceder a la información financiera de las personas -naturales o jurídicas- que son objeto de un ROS con la finalidad de identificar qué otras operaciones han realizado en el sistema bancario, su frecuencia y los montos involucrados.

Asimismo, la reserva tributaria le impide a la UIF tener acceso, por ejemplo, a las declaraciones juradas presentadas ante la SUNAT, con la finalidad de verificar si los ingresos declarados por dicha persona justifican las operaciones financieras realizadas.

De otro lado, la UIF no está facultada para compartir información con el JNE o con la ONPE, a pesar de que como señala el Proyecto de Ley, los Informes de Inteligencia que elabora contienen, en muchos casos, información financiera y sobre los bienes de las personas objeto de un ROS, lo que le permitiría al JNE verificar la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por los candidatos, así como para la ONPE, en la medida que podría verificar la licitud de los aportes que se realizan en las campañas electorales a favor de distintos partidos y organizaciones políticas.

De esta manera, la solicitud para que se amplíen las facultades de la UIF resulta central en la estrategia del Estado para luchar contra la corrupción y el LA/FT, sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte del fujimorismo.

Dentro de los principales argumentos esgrimidos por los Congresistas que se oponen a la ampliación de facultades de la UIF tenemos, en primer lugar, que la propuesta vulneraría el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución Política según el cual el secreto bancario y la reserva tributaria solo pueden levantarse a pedido del juez.

Sin embargo, pareciera que los que sostienen tal argumento no han leído con atención el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, ya que, en éste se establece expresamente que dicho pedido sería formulado por la UIF ante un juez superior ad hoc designado por la Corte Suprema quien decidirá si autoriza o no el levantamiento. Con lo cual, contrariamente a lo afirmado por quienes se oponen a este extremo del pedido, dicha propuesta sí respeta el principio de reserva de jurisdicción, puesto que será un juez quien decidirá si procede o no que se levante la reserva tributaria y el secreto bancario, mediante resolución escrita y debidamente motivada.

Cabe precisar que, dicho mecanismo tiene como antecedente lo dispuesto en los artículos 32° y 33° del Decreto Legislativo N° 1141, en el cual se establece el procedimiento para obtener información, previa autorización judicial, por parte de los órganos de inteligencia nacional, así como el modelo chileno, el cual, prevé un mecanismo similar.

Otro argumento en contra, señala que solo el Ministerio Público puede investigar y, por lo tanto, la UIF no estaría facultada para solicitarle al juez que levante el secreto bancario y la reserva tributaria. Sin embargo, considero que el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución Política no restringe el concepto de “investigación” a aquellas realizadas por el Ministerio Público, sino que se debe interpretar el término “investigación” de conformidad con los tratados internacionales sobre LA/FT y lucha contra la corrupción suscritos por el Perú. Desde dicho enfoque, no habría inconveniente en afirmar que la labor de análisis y evaluación que hace la UIF se encuentra comprendida dentro de dicho concepto. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional al señalar que, incluso, en los procesos disciplinarios contra magistrados es factible que se pueda ordenar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria siempre que se respete la reserva de jurisdicción (STC N° 0019-2009-PI/TC).

Ahora bien, ello no quiere decir que la UIF se arrogue funciones constitucionalmente asignadas al Ministerio Público, por el contrario, se debe entender que ambas cumplen roles distintos pero complementarios. Así pues, mientras que la UIF hace un análisis encaminado a determinar si dichas operaciones tienen sustento económico y financiero, al Ministerio Público le corresponde determinar, a partir de la información proporcionada por la UIF, si existen indicios razonables de la comisión del delito de LA/FT que ameriten el ejercicio de la acción penal ante el Poder Judicial.

Esta interpretación además, resulta acorde con las recomendaciones efectuadas al Estado peruano por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y han sido implementadas por la mayoría de países de la región, cuyas UIF´s tienen acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.

Finalmente, desde un punto de vista práctico, resulta un despropósito que las distintas entidades del Estado con capacidad de prevenir y detectar actos de LA/FT trabajen de espaldas, sin posibilidad de compartir y cruzar información que puede ser de mucha utilidad. Esto, resulta más grave aún, en nuestro país, en el que entre el 2007 y el 2015 se habrían lavado activos por más de 11 mil millones de dólares, de acuerdo a los cálculos realizados por la propia UIF.

Por todo ello, la ampliación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo resulta indispensable si se quiere dotar al Estado de un marco legal que, de un lado, le permita cumplir con los compromisos asumidos en materia de lucha contra la corrupción y el LA/FT y, de otro lado, implementar una estrategia eficaz contra dichas actividades criminales.

 

 

[1]    Tomado de: http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/categoria/informacion-general/446/c-446.

[2]    Una Operación Sospechosa es aquella que resulta inusual y que se presuma procede de alguna actividad ilícita, o que por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente.

[3]    Se consideran Sujetos Obligados a las personas naturales o jurídicas comprendidos en el artículo 8° de la Ley Nº 27693 y en el artículo 3° de la Ley Nº 29038. Entre los principales tenemos a las empresas del sistema financiero y de seguros, las sociedades agentes de bolsa,  las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, a la construcción, las empresas inmobiliarias, empresas mineras, las notarías, entre otras.