Gabriela López Medrano[1]

 

Después de más de 15 años de la creación de los organismos reguladores, el nivel de la calidad regulatoria parece no haber mejorado mucho. Esta situación se refleja en la evolución del Índice de Calidad Regulatoria para el Perú, durante el periodo 1996 – 2014, elaborado por el Banco Mundial[2] (ver gráfico).

 

Índice de Calidad Regulatoria (Perú, 1996-2014)[3]

Índice de calidad regulatoria 1996-2014

Fuente: Banco Mundial

 

La implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como política obligatoria es una reforma que permitiría elevar significativamente la calidad regulatoria. En efecto, al ser el AIR una metodología de evaluación de los efectos de la regulación, su aplicación permitiría garantizar que las regulaciones que existan sean efectivas y eficientes.

 

Si bien los organismos reguladores han incorporado en sus reglamentos generales una serie de principios que contienen elementos propios de esta metodología, en estos no se hace referencia explícitamente a que los mismos constituyan un sistema de AIR. Así por ejemplo, ninguno de estos reglamentos contiene una norma que establezca qué principio debe aplicarse primero, ni tampoco bajo que supuestos uno es más importante que otro[4].

 

Esta situación también se evidencia al revisar el análisis costo-beneficio realizado por algunos de estos organismos en el sustento de sus normativas, los cuales muchas veces no identifican ni ponderan adecuadamente los costos involucrados con las regulaciones propuestas[5]. Esto también ha sido verificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, el OCDE), en su documento “Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality”, recientemente publicado en el 2016[6], en el que sostiene que si bien los reguladores elaboran un análisis costo beneficio de sus normas con mayor regularidad que otros organismos estatales, la calidad de estas evaluaciones todavía debe ser mejorada. Asimismo, el OCDE remarca que estos organismos no siguen lineamientos para la elaboración de estas evaluaciones.

 

Ahora bien, la recomendación de que el AIR se implemente no es reciente. Expertos en la materia han recomendado la introducción de este mecanismo en anteriores oportunidades[7]. Sin embargo, es el OCDE el que recientemente viene remarcando su implementación y ha puesto este tema nuevamente en la agenda regulatoria.

 

Así, en el documento “Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality”, el OCDE evalúa las políticas, instituciones y herramientas empleadas por el gobierno peruano para diseñar, implementar y hacer cumplir regulaciones de alta calidad. Entre sus conclusiones, el OCDE señala que si bien existen varias instituciones y políticas públicas orientadas a tener una regulación de calidad, no existe una política regulatoria ni un organismo encargado de establecer un estándar adecuado de calidad regulatoria y de hacerlo cumplir. En ese sentido, entre otras recomendaciones, se sugiere implementar un sistema general y obligatorio que permita supervisar el proceso de elaboración de nuevas normas y también la calidad del AIR que se aplique. Sobre este punto en particular, el OCDE recomienda contar con manuales y lineamientos que garanticen que el AIR aplicado sea el adecuado.

 

Una regulación de baja calidad no sólo no soluciona el problema que esta buscaba corregir, sino que los costos que ella conlleva terminan afectando a las empresas y sobre todo a los consumidores. En ese sentido, la aplicación del AIR, es una reforma pendiente, que podría cambiar rápidamente los resultados de la regulación aplicada y permitir que podamos percibir los beneficios de una regulación de buena calidad.

 

[1]     Jefa del Área Económica del Estudio Bullard, Falla y Ezcurra +. Master en Competencia y Regulación de Mercado por la Barcelona Graduate School of Economics y licenciada en Ciencias Sociales con especialización en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en temas de Organización Industrial, Regulación y Políticas de Competencia.

 

[2]     Disponible en: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports

 

[3]     Este índice construido por el Banco Mundial captura las percepciones de las capacidades de los gobiernos para formular e implementar buenas prácticas regulatorias que permitan promover el desarrollo del sector privado. Disponible en: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/rq.pdf

[4]     Así lo explica QUINTANA, Eduardo (2011) en “Análisis de Impacto Regulatorio en la Regulación Peruana de Servicios Públicos”. En: Derecho y Sociedad, 36. Lima.

 

[5]     Al respecto, es importante señalar que si bien hay iniciativas recientes orientadas a buscar la aplicación obligatoria del AIR, como el Manual de Técnica Normativa del OSIPTEL (Resolución de Presidencia 035-2016-PD-OSIPTEL) publicado por OSIPTEL en junio de este año, los análisis costo – beneficio que se vienen realizando todavía tienen mucho por mejorar. Sobre este punto es ilustrativo el análisis costo beneficio que realiza esta entidad en mayor de este año en el Informe 229-GPRC/2016 sobre las recientes propuestas de modificación al Reglamento General de Tarifas.

 

[6]     OECD (2016), Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD Publishing, Paris.

 

[7]     Por ejemplo, en el evento “Congreso Internacional Los Retos de la Regulación: Análisis de Impacto y Enforcement” organizado por el Estudio Bullard, Falla, Ezcurra +, expertos coincidieron que el AIR era una herramienta sumamente útil que tenía que ser prontamente implementada. Ver detalles de evento en:

http://www.bullardabogados.pe/blog/noticias/eventos/congreso-internacional-los-retos-de-la-regulacion-analisis-de-impacto-y-enforcement/