trabajo

Mario Pasco Lizárraga

Socio de Rodrigo Elías & Medrano Abogados

Profesor de Derecho Laboral II en la UP

 

En una serie reciente de sentencias, cuando menos dos de las salas de la Corte Suprema han ordenado el pago de indemnizaciones a favor de trabajadores despedidos.

Ello no tendría nada de extraño, si no fuera porque se trata de indemnizaciones distintas o adicionales a la que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL).

Si repasamos la norma, encontramos el siguiente texto: “Si el despido es arbitrario (…), el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido”.

El artículo 38 fija la indemnización en un sueldo y medio por cada año completo de servicios, mas fracciones, con un tope de 12 remuneraciones.

Esta determinación de la indemnización tasada como única reparación del despido surte varios efectos:

  • Exonera al trabajador de probar el daño sufrido a raíz del despido, y le permite de ese modo acceder de modo más seguro, simple y rápido a la justicia.
  • Establece para el empleador un marco de seguridad, quien puede cuantificar el riesgo al separar a un trabajador.
  • Plasma y delimita la protección constitucional del trabajador (artículo 27°) frente a la terminación sin causa justa.

Que los jueces hayan abierto otras posibilidades ha sido un resultado oblicuo, un sub producto de la previa destrucción del sistema constitucional de protección contra el despido por parte del Tribunal Constitucional.  Este, recordemos, estableció el año 2001 una serie de casos que pueden generar la reposición del trabajador, en lugar de la indemnización prevista en la ley.

Múltiples trabajadores fueron repuestos por esa vía accionaron también para cobrar las remuneraciones devengadas durante el tiempo que no trabajaron por efecto del despido.

Esas pretensiones eran rechazadas, pues no había norma (ni contrato) que estableciera esa obligación de pago en la vía común laboral, y la vía constitucional (donde se dio la ruptura del modelo) es únicamente restitutoria, no resarcitoria (ver sentencias 976-2001-AA/TC del Tribunal Constitucional, y Cas. 5192-2012 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema).

La respuesta natural fue que los trabajadores demandaran los daños y perjuicios causados por el despido antijurídico, pretensiones que sí fueron admitidas por la judicatura.

Para ello puede encontrarse una razón: si el despido se deja sin efecto, la indemnización legal tasada queda sin espacio. Al no haberse cobrado (pues ese es un presupuesto de toda demanda de reposición), el daño provocado por un acto declaradamente antijurídico puede ser reparado por otra vía.

Pero dicha razón continúa chocando contra la norma positiva: la única reparación por un despido es la indemnización legal,  y cuando un trabajador opta por la reposición, está dejando de lado esa indemnización.

Allí no quedó el asunto. La Nueva Ley Procesal del Trabajo incluyó entre las competencias de los juzgados laborales, entre otras y por separado, las pretensiones relacionadas a la extinción de la prestación personal de servicios, y las relativas a “la responsabilidad por daño patrimonial o extra-patrimonial, incurrida por cualquiera de las partes”.

Aplicando la primera de ellas, los jueces laborales empezaron a tramitar como procesos laborales, pretensiones de reposición antes canalizadas únicamente en procesos constitucionales.  De la segunda, enlazaron la posibilidad de ordenar reposiciones con la de ordenar indemnizaciones sustitutorias de las remuneraciones y beneficios devengados.

Esas indemnizaciones (las de los trabajadores repuestos) no fueron entendidas como vinculadas a la indemnización legal tasada, por los motivos expuestos líneas arriba. En consecuencia, fueron manejadas por los jueces a través de los mecanismos típicos de la responsabilidad discutida en sede civil, vale decir, mediante la acreditación del lucro cesante y el daño emergente, y la valoración prudencial del daño moral.

Tratándose de la justicia laboral, empero, conocemos que los estándares de prueba exigidos a los trabajadores están a distancias siderales de los que se aplica razonablemente en sede común.

Cerrando el círculo, de la posibilidad de ordenar indemnizaciones a trabajadores injustamente despedidos y luego repuestos, se ha pasado ahora, en sentencias como las que motivan este comentario, a generarlas también a trabajadores despedidos que han cobrado la indemnización legal. Esto produce un deterioro muy importante sobre el sistema, pues afecta los efectos positivos de la indemnización tasada.

En este punto debe distinguirse dos escenarios distintos entre sí:

  • En algunas sentencias (Casación Laboral 5423-2014 LIMA, 2da. Sala Constitucional y Social), se ha encontrado que han existido actos o hechos alrededor del despido, pero distintos del acto mismo de terminación del contrato que han sido dañosos.  Por ejemplo, cuando al imputar una falta grave se utiliza términos agraviantes, o si se divulga dolosamente un despido basado en acusaciones falsas.

Este criterio es muy discutible, pero al menos tiene coherencia interna: en su razonamiento, no se está vulnerando la norma que regula la reparación del despido como acto, dado que lo que se indemniza es un daño distinto al de la pérdida del empleo, y por hechos distintos al acto mismo del despido.

  • En otras, en cambio (Casación 699-2015, Sala Civil Permanente), simplemente se ha ignorado la existencia de la indemnización legal y de la inequívoca fórmula del artículo 38° de la LPCL. Estas sentencias consagran una doble indemnización por un mismo hecho, o dos reparaciones por un mismo daño, y son por lo tanto de un grado de ilegalidad incomprensible, tan solo superadas por otra en la que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral a favor de una trabajadora cesada a los dos meses y 15 días de haber ingresado, vale decir, dentro del periodo de prueba (Casación Laboral N° 7095-2014 LIMA, 2da. Sala Constitucional y Social))

Más allá de los excesos, el abierto desorden alrededor de este tema no es sino una manifestación más del caos absoluto en el que se encuentra el sistema de protección contra el despido arbitrario, como producto del abandono, por parte del Tribunal Constitucional y los jueces laborales, del sistema diseñado en la ley.