IGV2

Por: Gustavo Lazo Saponara

El impuesto general a las ventas “IGV” grava la disposición de la riqueza expresada en el consumo o gasto, a diferencia de los impuestos al ingreso (ej. impuesto a la renta) o al ahorro o patrimonio (ej. a la propiedad predial, etc). Como impuesto, su cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente. Así, el Estado tiene plena libertad para aplicar lo recaudado a lo que haya presupuestado (salud, educación, etc.).

Técnicamente se le define como un impuesto de carácter general (a diferencia del selectivo), plurifásico (se recauda en las diversas fases de la cadena de comercialización) y no acumulativo (solo incide sobre el “valor añadido”) que grava la venta de bienes muebles en el país, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos y la importación de bienes.

De acuerdo a la Ley del IGV, la tasa del impuesto es de 16%. Sin embargo, conforme a la Ley de Tributación Municipal, el impuesto de promoción municipal “IPM” se aplica con una tasa del 2% a las operaciones gravadas con el IGV y se rige por sus mismas normas, aunque es destinado a los gobiernos locales. La combinación de ambas tasas hace que coloquialmente se asuma que la tasa del IGV sea de 18%.

Si bien es uno de los tributos de más fácil administración para el fisco, la doctrina considera que es un impuesto regresivo, es decir, afecta más a quienes menos tienen. Ello, a diferencia del impuesto a la renta, que es progresivo, al afectar más a quienes más tienen. Así, los economistas sostienen que es preferible que los Estados dependan más de estos últimos que de los regresivos para lograr una redistribución de la riqueza más equitativa. No obstante, en el Perú, la importancia del IGV en términos de recaudación viene siendo, en la última década, tan solo ligeramente menor a la del impuesto a la renta.

Si comparamos nuestro IGV con países vecinos, Chile está por encima de nuestra cifra (19%). En cambio, por debajo tenemos a Brasil (17%), Colombia (16%), Bolivia (13%) y Ecuador (12%).

A partir de agosto de 2003, el IGV fue incrementado de 18% a 19%. Si bien dicha medida debió revertirse en 2004, fue recién en marzo de 2011 que se rebajó nuevamente a 18%, año en que había ingresos adicionales por el gran crecimiento de la economía, que alcanzaba el 8,78%. Por eso, los menores ingresos por la reducción del IGV tuvieron un efecto neutro en la caja fiscal.

Actualmente, se ha estimado que la rebaja del IGV costaría al Estado aproximadamente 10 mil millones de soles. Ello, aunado al déficit fiscal del 3.3% del PBI ha motivado que distintos economistas sostengan que no es el momento más oportuno para efectuar dicha reducción. Más aún, habida cuenta de la incertidumbre generada por las contradicciones incurridas por el gobierno al explicar cómo se va a cubrir esa importante brecha, siendo la última versión el incremento simultáneo del impuesto a la renta corporativo a 30%.

Este escenario se enreda aún más si tomamos en cuenta que miembros del grupo parlamentario Fuerza Popular presentaron el 16 de agosto de este año un proyecto de ley por el cual pretenden que el IPM suba de 2 a 3%. Como hemos visto, ello equivale a incrementar en 1% la tasa del IGV (aunque para favorecer a las municipalidades).

En definitiva, resulta atendible reducir el IGV para reducir los costos de transacción y la injerencia del Estado en la economía, impulsar el consumo y reducir los incentivos a la informalidad. Sin embargo, previamente es indispensable sustentar cómo se equilibrará el déficit -tanto el existente como el que se genere a partir de la reducción del IGV- y que dicho sustento sea razonable, tal como ocurrió en 2011. También resulta deseable que el gasto público sea lo más eficiente y esté lo mejor orientado posible.