TC2 Por: Gustavo Lazo

Mediante Sentencia recaída en el Expediente N°2053-2013-PA/TC, emitida en junio de 2016, el Tribunal Constitucional ha convalidado el crédito por reinversión utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C (UPC) y la Universidad Privada del Norte (UPN) durante los años 2009 a 2011.

Dicho colegiado ha ratificado en cierta medida el controversial fallo que dictara en noviembre de 2012 favoreciendo en ese entonces la pretensión de la Universidad Alas Peruanas S.A. Para los detractores, ello equivale al asesinato del legislador tributario dado que el Tribunal no puede legislar.

Así pues, quienes cuestionan dichos fallos sostienen principalmente que el beneficio del crédito por reinversión estuvo vigente hasta el ejercicio 1999 y no hasta el 2011 como sentencia el colegiado en este último pronunciamiento. Ello, en virtud a que el Decreto Legislativo N° 822, “Ley de Promoción de la Inversión en Educación”, estableció, a partir del 1° de enero de 1997, el beneficio del crédito por reinversión sin establecer plazo alguno. Así, pues, por aplicación supletoria de la Norma VII del Código Tributario, todo beneficio tributario concedido sin establecer plazo alguno debe entenderse otorgado por un plazo máximo de 3 años, término que en este caso se cumplió el 31 de diciembre de 1999; prohibiéndose la prórroga tácita de tales beneficios.

También señalan que el hecho que diversas entidades del Poder Ejecutivo hayan interpretado que el beneficio seguía vigente después de 1999 no legitima su aplicación después de dicho ejercicio, más aún cuando no existe norma de rango legal que expresamente haya amparado tal convalidación. Lo contrario implicaría una vulneración del principio de reserva de ley al pretenderse, sin base legal alguna, prorrogar tácitamente un beneficio tributario, lo que legalmente se encuentra proscrito.

En definitiva, critican que esta sentencia le haya costado al Estado dejar de recaudar más de S/37.5 millones al haberse reconocido créditos a dichas universidades de casi S/.70 millones en los años mencionados. Esto podría hacer que el resto de universidades que se encuentren en la similar situación exijan el mismo beneficio al Estado.

Por el contrario, quienes comulgan con la sentencia oponen el principio de seguridad jurídica en materia tributaria para señalar que el principio de reserva de ley no es absoluto. Así, pues, se adhieren a una posición sustancialista antes que positivista (i.e. aplicación absoluta del plazo de caducidad del beneficio de 3 años) amparada en el argumento que la situación de incertidumbre jurídica generada por la deficiente técnica legislativa, socava la certeza y predictibilidad del Derecho y la confianza de los ciudadanos.

En tal sentido, se indica que el propio Decreto Legislativo N°1087, de junio de 2008, evidencia que en dicha fecha el legislador consideraba aún vigente el beneficio de reinversión. Igualmente, la Ley 29766, publicada en julio de 2011, reconoce expresamente que el beneficio rigió hasta 2008 (lo que en opinión del colegiado violaba el principio de irretroactividad de las normas tributarias, por lo que el beneficio solo fue derogado a partir del ejercicio siguiente a su publicación, i.e. 2012). 

Asimismo, la aplicación de la Norma VII del Código Tributario se encontró suspendida entre 2007 y 2012 por las constantes modificaciones de las que fue objeto. Ello generó tal incertidumbre que indujo a error no solo a los contribuyentes sino a la propia SUNAT, la que hasta el 2008 siguió admitiendo declaraciones que incluían el crédito por reinversión, amén de otras entidades del Poder Ejecutivo. Así pues, el Tribunal Constitucional no ha irrumpido las competencias del legislador, sino, por el contrario, ha dilucidado el marco normativo aplicable y ha cumplido con su labor de cautelar la confianza de los contribuyentes en la certeza del Derecho, garantizando la efectiva vigencia del principio de seguridad jurídica, a efectos de resguardar el derecho de propiedad de los demandantes. 

Más aún, se sostiene que el fin primordial del proceso constitucional es garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, no así la recaudación fiscal, el equilibrio presupuestal, entre otras consideraciones cuantitativas. 

Se recalca que el beneficio del crédito por reinversión no solo dimana de la Constitución (i.e. el Estado tiene un rol promotor de la inversión privada en educación superior, permitiendo que las universidades gocen de beneficios tributarios), sino también ha sido establecido en la ley y recogido por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Por otra parte, cabe anotar que el Tribunal Constitucional no hace suya la tesis que el beneficio fue establecido con carácter permanente y no temporal (en su momento planteada por la Universidad Alas Peruanas S.A.). Más bien, al igual que en el fallo que favoreció a la Universidad Alas Peruanas S.A, aún reconociendo la aplicación de la Norma VII del Código Tributario, dicho colegiado recurre al principio de seguridad jurídica como eje de su fundamento. 

Finalmente, dejando a un lado las críticas positivas y negativas respecto de este pronunciamiento, resulta importante determinar sus efectos en el sistema. Así, aún cuando en principio sus consecuencias jurídicas solo se aplican al caso en concreto, nada obsta para que aquellas universidades que no hubiesen aplicado el crédito por reinversión hasta antes del 2012 puedan hacerlo siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes (y tomando en cuenta los plazos de prescripción aplicables). 

Nótese que a diferencia de lo que se estableció en el caso de la Universidad Alas Peruanas S.A (esto es, que el beneficio no había sido derogado por la Ley 29766, por lo que en el 2012 aún seguía vigente); en este nuevo pronunciamiento el colegiado considera que el beneficio sí fue derogado por dicha norma a partir de 2012 inclusive.

Seguir este último criterio implicaría que desde dicho ejercicio anual hasta el periodo previo a aquel en que resulte eficaz el crédito por reinversión previsto por la Ley 30220 -nueva ley universitaria vigente desde el 10 de julio de 2014 que establece un particular crédito por reinversión a favor de las universidades privadas societarias-, no cabría aplicar ningún beneficio por la reinversión de las utilidades.