Papa

Por Gustavo Lazo Saponara

 

EL TRIBUNAL FISCAL CAMBIA DE CRITERIO

Hasta hace poco, el Tribunal Fiscal era de opinión que la Iglesia Católica debía tributar por todos aquellos arbitrios municipales creados con posterioridad al Acuerdo suscrito con la Santa Sede en 1980 (“el Concordato”).

Sin embargo, el 5 de octubre se publicó la resolución del Tribunal Fiscal N°8780-5-2016, con carácter de precedente de observancia obligatoria, estableciendo el siguiente criterio:

“El Artículo X del Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la República del Perú es aplicable a los predios en los que se desarrollen las actividades propias de la Iglesia Católica y alcanza a los Arbitrios Municipales creados con posterioridad a su suscripción, por lo que no corresponde el pago de dichos conceptos”.

Importancia

Esta resolución es de suma importancia porque establece, adicionalmente, lo siguiente:

“De lo expuesto se puede concluir que mediante el Concordato se ha consagrado un régimen de inmunidad tributaria permanente a favor de la Iglesia Católica que alcanza a todas las actividades antes detalladas que le son propias, las mismas que están establecidas en el Código de Derecho Canónico, lo que no puede desnaturalizarse aplicándoles tributos creados con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, siendo una de las consecuencias de la presencia de normas internacionales la inaplicación de normas de derecho interno que puedan ser contrarias a lo regulado bilateralmente.”

Antecedentes

El 19 de julio de 1980, el Perú celebró con la Santa Sede un Acuerdo Internacional (Concordato), que fue ratificado mediante Ley N°23211 del 24 de julio de 1980.

En el artículo I se establece que la Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma recibe del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional.

Asimismo, en el artículo X se señala que la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.

En anteriores resoluciones del Tribunal Fiscal, se interpretó que si bien el Concordato dispuso la permanencia de los beneficios, exoneraciones y franquicias vigentes a la fecha de su suscripción, no garantizó la inalterabilidad del régimen tributario vigente, por lo que la creación de nuevos tributos, el cambio de alícuotas o formas de determinación de los tributos resultaban de aplicación a la Iglesia.

Sin embargo, con ocasión del Concordato, el Estado Peruano y la Santa Sede efectuaron el intercambio de Notas Diplomáticas, referentes al alcance del artículo X.

La interpretación dada en dichas notas sobre el alcance del artículo X contradecía la interpretación que el Tribunal Fiscal había venido sosteniendo, obligándolo a cambiar de criterio.

Fundamentos del nuevo criterio

La Iglesia Católica se relaciona con otros sujetos que tienen capacidad jurídica internacional mediante la Santa Sede en tanto órgano de gobierno de aquélla, sometiéndose en su relación con la comunidad internacional a las reglas y principios del Derecho Internacional, siendo que los tratados que ésta suscribe se denominan concordatos.

El Concordato, además de establecer una relación de independencia entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica y reconocerle a ésta personería jurídica de carácter público, con plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes, así como para recibir ayudas del exterior, prevé formas de colaboración del Estado para que la Iglesia pueda realizar su servicio a la comunidad nacional, lo que incluye medidas de carácter económico y tributario.

Nótese que el artículo 50° de la Constitución recoge los principios de laicidad y colaboración, señalando que“Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración…”

El artículo X del Concordato señala que “La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.”

Adicionalmente, dado que el Concordato tiene carácter de tratado internacional, la interpretación de sus disposiciones debe efectuarse de conformidad con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, suscrita por el Perú el 23 de mayo de 1969 y ratificada mediante Decreto Supremo N° 029-2000-RE, publicado el 21 de setiembre de 2000.

Conforme al artículo 31 de dicha Convención, un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

En cuanto al contexto, el referido artículo 31° prevé que comprende además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado, así como todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

Asimismo, dispone que juntamente con el contexto, debe tenerse en cuenta:

(a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones,

(b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acera de la interpretación del tratado, (c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes.

Debe tenerse presente que, en el preámbulo del Concordato, se prevé que: “La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera más estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica Romana y el Estado Peruano (…) han determinado celebrar un Acuerdo sobre materias de común interés”.

Por consiguiente, al interpretarse el Tratado en lo que concierne a las exoneraciones y beneficios vigentes, no cabe limitar dicha prerrogativa únicamente a las normas existentes en dicho momento pues su derogación o modificación harían inaplicable al Concordato en cuanto a dicho aspecto.

Si bien no existen acuerdos de la naturaleza de (a) y (b), sí existen acuerdos ulteriores entre las partes acerca de la interpretación del tratado y la aplicación de sus disposiciones, lo que se ha visto plasmado en las comunicaciones intercambiadas entre ésta y la Nunciatura Apostólica en el Perú que se relacionan con los artículos I y X del Concordato, i.e. (c).

Así, entre setiembre de 2003 y enero de 2004, dichas entidades intercambiaron un primer grupo de Notas Diplomáticas, las que constituyen instrumentos de Derecho Internacional Público en las que se ha dejado establecido que los asuntos propios de la Iglesia Católica son los tipificados por el Código de Derecho Canónico, los que no están sujetos a injerencia tributaria, siendo que actividades propias de ésta están inafectas, lo que incluye a los tributos creados a partir de 1980 en adelante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano rector de la política exterior y encargado de las relaciones exteriores del Estado Peruano, ha informado que las Notas establecen que el artículo X del Concordato implica la liberación de todo tributo con carácter permanente sobre las actividades propias de la Iglesia, incluyendo a los nuevos tributos creados con posterioridad a 1980 y que este entendimiento es considerado un acuerdo interpretativo entre las partes que tiene el valor de una transacción que da término a una controversia entre ellas.

Cabe agregar que las Notas aclaran que el Concordato no solo abarca a la Conferencia Episcopal, Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos sino también a las comunidades que integran la Iglesia Católica, incluyéndose a las misiones dependientes de ella y que las inafectaciones alcanzan a todas las actividades propias de la Iglesia establecidas en el Código de Derecho Canónico como actividades inherentes de la Iglesia Católica:

(a)  Enseñar: predicación de misas, liturgias, catequesis, actividad misional, educación católica a través de universidades y colegios, comunicación social a través de libros, revistas, periódicos, medios audio visuales, etc.

(b)  Santificar: sacramentos del bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, actividades que se realizan en lugares sagrados como parroquias y santuarios.

(c)  Enterrar, que se realizan en los cementerios.

Asimismo, mediante un segundo grupo de Notas Diplomáticas, intercambiadas entre marzo de 2004 y enero de 2008, se reafirma que lo anterior constituye una interpretación oficial del Concordato, lo que es vinculante para ambas partes.

Por lo tanto, conforme con la interpretación auténtica de las partes suscribientes del Concordato, el Artículo X de dicho tratado está referido a las actividades propias de la Iglesia Católica y no solo a los tributos vigentes a su suscripción sino también a los creados con posterioridad, siendo que al haberse realizado el intercambio de instrumentos a que se ha hecho referencia, dicha interpretación obliga al Estado Peruano.

Alcance

En virtud a esta resolución, le asiste a la Iglesia Católica el derecho a la devolución o compensación, que no haya prescrito, de la totalidad del monto de arbitrios abonado indebidamente a los gobiernos locales correspondientes.

¿Debe subsidiarse a la Iglesia Católica?

A propósito de la última campaña electoral se debatió si el Estado Peruano debía seguir otorgando beneficios económicos a la Iglesia Católica. Así, se esgrimieron posiciones contrarias que pretendían, en algunos casos, que se desconozcan dichos beneficios y, en otros, que se amplíen al resto de religiones. Y usted, ¿qué opina?