Doe Run

Por: Roberto MacLean, socio del estudio Miranda & Amado.

El 4 de agosto de este año, el Presidente de la República, al amparo del artículo 107 de la Constitución, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que propone modificar el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley No. 27809, Ley General del Sistema Concursal (“LGSC”). En un plano general, la modificación propuesta busca ampliar el plazo que la LGSC establece para las liquidaciones en marcha de negocios que han sido sometidos a proceso concursal. Originalmente el plazo que la LGSC contemplaba en este artículo era de 6 meses, pero una primera modificación a este artículo en el año 2015 incrementó este plazo a un año, y agregó la posibilidad de que éste pueda ser ampliado a un año adicional, lo cual equivale a un plazo de facto de hasta dos años. Ahora, el Poder Ejecutivo busca ampliar este plazo a dos años, prorrogables por dos años más, con lo cual teóricamente el nuevo plazo de una liquidación en marcha, de ser aprobado este proyecto de ley, podría ser de cuatro años.

En un plano más específico, es decir el contexto dentro del cual se propone esta modificación legislativa, el Poder Ejecutivo tiene además la expectativa de que esta modificación sea aplicable al proceso de liquidación de Doe Run, propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya. Para esto, la única disposición complementaria de este proyecto de ley establece que los procesos concursales vigentes a la fecha de aprobación puedan acogerse a este nuevo plazo de dos años prorrogables a dos más.

La empresa tiene solamente hasta fin de mes de agosto para ser vendida como negocio en marcha, cosa que muy difícilmente ocurrirá.  Vencido este plazo tendrá que dejar de operar y venderse sus activos. Si se aprueba esta modificación, el Poder Ejecutivo tiene la expectativa que el Estado, como acreedor principal y líder de la junta de acreedores pueda promover la continuidad y venta como negocio en marcha de esta empresa. Muchos son los retos:

  • Este proyecto ha sido acusado de tener nombre propio.  La Constitución prohíbe en su artículo 103 las leyes especiales en razón de las personas. Si bien el contexto que da origen al proyecto es muy específico, la norma en sí es de carácter general; sin embargo es válido el cuestionamiento de si es pertinente que el Congreso deba discutir la modificación de una norma por una situación específica que no represente un fenómeno sistémico.
  • Por otro lado, surge la pregunta de si en una economía liberal corresponde que el Estado intervenga de esa manera en el destino de una empresa. Y la respuesta inicial es no; sin embargo, existen en el mundo muchos casos de empresas con activos tan grandes, que son la razón de ser de una ciudad y el sustento principal de su población. En el presente caso, el eventual cierre de la empresa significaría el declive de la ciudad y por esta razón deja de ser un evento meramente económico-empresarial para convertirse en un evento político-social. Hasta en la economía más liberal, que es los Estados Unidos, el potencial cierre de industrias grandes genera discusiones gubernamentales. En el 2008, se generó la discusión de si el Estado debía o no intervenir, como de hecho intervino, para evitar la caída de bancos que, según se argumentaba, eran “demasiado grandes para fracasar”. Recientemente intervino para rescatar a su industria automotriz, hecho que estuvo muy discutido. Sin embargo, siendo éste un tema interesante, no es pertinente para la discusión del proyecto de ley, sino más bien una discusión posterior.
  • Un tercer aspecto tiene que ver con lo que busca la norma en un nivel general. Si un negocio se puede liquidar en marcha y sus acreedores optan por hacerlo, establecer un plazo de seis meses o dos años o cuatro es más o menos arbitrario. Si el negocio se puede mantener en operación y los acreedores creen que es su mejor opción, no es eficiente que la ley les fije límites. No obstante, que la LGSC permita una liquidación en marcha durante cuatro años solamente significa que es viable legalmente hacerlo.  Tal situación debe estar disponible siempre que sea viable realmente, no de manera artificial, y siempre que la empresa cumpla plenamente sus obligaciones con terceros, pagando su deuda corriente y sin incrementar su pasivo impago.  El proyecto debe ocuparse en establecer quién tiene la responsabilidad por esa operación, porque son ellos quienes deben determinar si la empresa puede realmente continuar operando o no.
  • Durante la primera década de este siglo, estuvieron suspendidos los efectos de los artículos 176, 220 y 407 inciso 4 de la Ley General de Sociedades. La intención detrás de esta suspensión era noble en cierto sentido: evitar que muchas empresas peruanas quiebren, pero el efecto que tuvo fue negativo. Al amparo de esta suspensión, diversas empresas insolventes continuaron operando, incurriendo en obligaciones que no podían pagar sin que sus directivos incurran en responsabilidad por ello. Eventualmente la realidad se impuso y muchos terceros quedaron afectados por un sistema que permitió a empresas seguir operando como normales sin realmente serlo.
  • Conclusión: El aparato legislativo no debería activarse y crear normas en función de una empresa. Sin embargo, existen situaciones especiales, y esta puede ser una. Si una situación crítica particular genera una propuesta legislativa de tipo general, resulta legítima si incorpora lecciones de la realidad que mejoran la legislación.  Estoy de acuerdo con que la LGSC permita que las liquidaciones en marcha puedan prolongarse más allá de dos años, pero no es suficiente con modificar el artículo 74.2. Debe necesariamente incorporarse un sistema claro de responsabilidades que establezca quién o quiénes son los responsables por esa decisión, y ante quienes responden, ya que una liquidación en marcha debería ser factible solamente cuando esté asegurado que dicho negocio pueda mantenerse en marcha de una manera saludable, con pleno cumplimiento de sus obligaciones legales y sin afectar a terceros.