Indecopi

Es realmente un gusto regresar a El Cristal Roto después de algún tiempo de ausencia… se trata de un espacio importante y necesario para debatir y compartir ideas sobre diversos aspectos relevantes de la política pública. En esta oportunidad, quiero plantear una idea bastante simple: más denuncias de consumidores contra proveedores no necesariamente representa una buena noticia… ¡para los propios consumidores!

Denunciar algo implica una inversión que va más allá del pago de una tasa –que puede ser relativamente reducida– como, por ejemplo, asumir tiempo y energía en pensar sobre el posible litigio y sus probabilidades de éxito. En muchos casos, aunque eso no es un requisito en el caso de las denuncias por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, se asumirán honorarios de un abogado. La decisión de denunciar algo, en buena cuenta, depende de un contraste entre el costo de denunciar y el beneficio esperado de la denuncia. Si el beneficio esperado incrementa o algún costo involucrado se reduce, es previsible que la tasa de litigios aumente.

El incremento de la tasa de litigios tiene varias consecuencias que trascienden la esfera del denunciante. Así, la generación de carga procesal demora la resolución de controversias en su conjunto y no solamente la del denunciante. Asimismo, el planteamiento de denuncias importa costos a la Administración encargada de resolver la controversia de modo que es posible que el nivel de litigios privados no corresponda con el nivel socialmente óptimo de litigios sobre un tema. La idea apresurada de que más denuncias representan un mejor ejercicio de los derechos de los consumidores y, con ello, una mejoría en su situación general es incorrecta.

Piense en lo siguiente: informarse sobre un supuesto derecho cuesta y denunciar en defensa de éste también implica un costo. Dado que la adquisición de información es un proceso costoso, aquellas personas con mayores recursos económicos están en mejor capacidad de adquirir información y denunciar. Las personas más pobres, están en menor aptitud de ejercer un derecho. Los derechos, aunque puedan ser concebidos idealmente como “de acceso igualitario” para todos los individuos, no valen realmente igual para todos. El derecho de los consumidores vale más para un consumidor adinerado que para un consumidor pobre.

Es previsible, entonces, que la mayor tasa de denuncias responda al ejercicio de los derechos por parte de quienes tienen recursos económicos para asumir los costos que implica la controversia. Si los costos directamente generados –carga procesal- y los atribuidos potencialmente a los proveedores –multas- se trasladan de manera general a las tasas de denuncias, impuestos o precios de los productos finales, se producirá un subsidio de los consumidores pobres a favor de los consumidores ricos. Si la denuncia de un consumidor rico prospera y genera una sanción en una empresa, el costo generado a la empresa será trasladado al precio del producto que deberán pagar tanto ricos y pobres. De esta forma, la acción en salvaguarda de un derecho genera una externalidad negativa para el grupo de personas que no ejercen derecho alguno.

De esta manera, no solo es cierto que el golpe que se le genera a una empresa impacta en el consumidor sino que, además, ese impacto es especialmente sufrido por los consumidores con menos recursos económicos. Diseñar el sistema de protección al consumidor es una tarea compleja que no puede limitarse a imaginar derechos ideales sin pensar en las implicancias económicas de éstos. Durante ya algún tiempo he venido insistiendo en la idea de que el sistema de protección al consumidor debe ser repensado de modo que proteja al consumidor en la única forma en la que lo creo posible: promoviendo la competencia.

No obstante, echar mano del discurso “pro-consumidor” para lanzarse a la arena política o para disfrazarse de “defensor de los consumidores y usuarios” ha sido una lamentable constante. Poner al consumidor en una mejor situación no implica facilitarle (a algunos) generar controversias, implica adoptar políticas públicas que hagan que esas controversias no sean necesarias. Como regla general, la mejor política pública pasa por dinamizar el mercado desmontando barreras burocráticas y permitiendo que las empresas compitan entre sí. En esta tarea de reflexionar, dejo una pregunta al lector: ¿cree que el sistema de protección al consumidor en el Perú, tal y como está diseñado y como es aplicado de acuerdo a la jurisprudencia sobre la materia, fomenta el bienestar del consumidor o alienta, por el contrario, el incremento de litigios costosos? El debate queda abierto.