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Mario Zúñiga Palomino

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

LLM, The George Washington University Law School.

Vicepresidente de Contribuyentes por Respeto.

La llegada de la “sharing economy” o “economía de pares” ha generado la demanda de muchos grupos para regularla. Estos reclamos, como es evidente, vienen primordialmente de los sujetos afectados por la nueva competencia que este fenómeno ha generado a los taxistas (los pasajeros usan menos taxis y más Uber [1], Lyft o similares) o a hoteles y hostales (los viajeros usan más AirBnb y similares).

Creo, sin embargo, que, en términos generales, es una mala idea regular a este tipo de plataformas del mismo modo que se regula a sus pares en “mercados tradicionales”. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología que hace funcionar a las plataformas virtuales las “fallas de mercado” que justifican[2] la regulación son eliminadas o reducidas notablemente.

Tomemos como ejemplo el caso de Uber, y comparémoslo con la industria tradicional en la que irrumpe. Tanto Uber como los taxis nos prestan un servicio similar: llevarnos de un punto a otro.

Hay (principalmente) dos problemas al lidiar con el servicio de taxis: i) un problema de seguridad, ya que normalmente el pasajero no tiene forma de corroborar su identidad; y, ii) un problema de calidad, ya que el hecho de que se trata de una transacción “pasajera” hace que el taxista no tenga incentivos para prestar un buen servicio. Ambos podrían ser caracterizados como un problema de “asimetría de información” (el taxista tiene información sobre la calidad y seguridad del servicio que no podemos tener).

Para ello el Estado interviene y regula un sistema de permisos previos. En la ciudad de Lima, por ejemplo, la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima (GTU) otorga licencias a los taxistas, y para ello realiza un chequeo de sus antecedentes. Se les requiere, como señala Andrés Calderón, que cumplan con requisitos que no representan ningún beneficio aparente para el consumidor como: “Taxi pintado de amarillo o de blanco si es remisse, pintar un rectángulo de 35 centímetros (no más ni menos) de largo por 15 centímetros de alto, con el logotipo y razón social de la empresa, pintar la placa de rodaje en color negro en las dos puertas laterales posteriores, fijar un ‘casquete iluminado de acrílico blanco’ sobre el techo que tenga la palabra TAXI, para el caso de taxi remisse habilitar un centro de operaciones con un estacionamiento mínimo para 10 vehículos”.

Asimismo, GTU luego fiscaliza ex post el cumplimiento dichas condiciones y el cumplimiento de determinadas reglas (el uso de determinados paraderos, etc.) Estos controles, no obstante, no han significado más seguridad ni más calidad para el usuario (de hecho, la mayoría de taxis en la ciudad son informales, por lo que no cumplirían ni con las normas más básicas). El trámite para obtener esta licencia, además, puede tener un costo significativo en términos de tiempo y dinero.

¿Qué pasa, por otro lado, con un sistema como Uber? Los “filtros” que esta empresa aplica a los conductores que quieren afiliarse a su sistema son más estrictos. Se necesita:

i)              Tener un auto de “gama media o alta” (es decir, un buen carro), del 2008 o más nuevo. Los autos deben tener radio y aire acondicionado.

ii)             Los choferes realizan un examen de habilidades de manejo.

iii)            Examen toxicológico.

iv)           Examen psicológico.

v)            Antecedentes penales.

vi)           Seguro de accidentes y,

vii)          Licencia de conducir vigente.

Y claro, luego están los beneficios propios del servicio. En adición al beneficio obvio de que puedes llamar al conductor desde tu teléfono y no tienes que esperar en la calle y que no necesitas pagar en efectivo —este aspecto también contribuye significativamente a reducir el riesgo de asalto—; puedes:

i) Conocer la identidad de tu chofer antes de que llegue y ver su “puntuación” en el sistema. Si no te satisface su nivel de calidad, puedes cancelar el viaje.

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ii) Puedes pedir un estimado de la tarifa.

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iii) Si pese a una buena calificación el conductor “no te da buena espina”, puedes enviar la información de tu viaje a otra persona.

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iv) La aplicación te deja saber la ruta sugerida al conductor y ver el movimiento del auto en tiempo real vía GPS. Así sabes que no te va  a llevar a “dar vueltas” como suelen hacer algunos taxistas.

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v) Puedes evaluar a tu conductor luego de que te prestó el servicio. Las calificaciones le importan al conductor, pues si tienen menos de tres estrellas pueden ser removidos del sistema.

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Todas las ventajas listadas permiten disminuir enormemente —pues nunca se eliminan del todo— las asimetrías de información existentes entre conductores y consumidores. Gracias a la tecnología podemos acceder a información sobre los conductores y la calidad del servicio que prestan, y ello les brinda incentivos para prestarnos un mejor servicio. No tengo evidencia cuantitativa sobre esta mejor calidad, pero les recomiendo probar el servicio. Su conductor manejará con mayor responsabilidad, lo tratará mejor, sintonizará la estación de radio que usted prefiere y hasta le invitará una botella de agua.

Por supuesto que este servicio no es perfecto y aun con todos sus beneficios pueden presentarse problemas. Los controles de antecedentes nunca serán perfectos y siempre podrán producirse choques, asaltos u otros problemas de seguridad. Pero si los incentivos están mejor alineados entre conductor y pasajero, y creo que este tipo de aplicaciones ayudan a ello, la probabilidad de esos eventos será mucho menor.


[1] El presente texto está basado en un artículo publicado previamente por el autor: “Los retos de la regulación frente a la “sharing economy”. Disponible en: http://mariozuniga.org/2015/10/13/los-retos-de-la-regulacion-frente-a-la-sharing-economy/ (visitada por última vez el 2 de noviembre de 2015).
[2] En algunos casos, que supuestamente justifican, ya que mucha de la regulación que encontramos en diversos mercados no está de hecho justificada en función a fallas de mercado, sino que se sustenta en gaseosos argumentos de “interés público” o se explica en la mera gestión exitosa de determinados grupos de interés.