Antonio Peña Jumpa[1]

El 30 de setiembre de 2012 el pueblo de la comunidad San Juan de Cañaris, localizado en la sierra de la región de Lambayeque, realizó una consulta comunal convocada para decidir la aceptación o no del proyecto minero Cañariaco (de la empresa canadiense Candente Copper, en el Perú empresa Cañariaco Copper Perú S.A.) sobre su territorio y en la que participaron 1,896 comuneros, de los cuales 1,719 o el 95% votaron rechazando el proyecto minero (varios diarios, La República del 9/10/2012 en línea, visitado el 2/02/2013). La población de San Juan de Cañaris, en su mayoría Quechua hablante, convocó a dicha consulta ante la inacción de las autoridades competentes del gobierno central, amparados en sus derechos constitucionales e internacionales de autonomía comunal (artículo 89º de la Constitución), justicia comunal (artículo 149º de la Constitución) y consulta previa (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). En los días y meses siguientes, el gobierno central y la empresa minera interesada desconocieron los resultados de la consulta y entonces la comunidad inició acciones para ejecutar su acuerdo. En enero de 2013 se agudizaría el conflicto con enfrentamientos directos entre la Policía Nacional y la Población local, produciendo numerosos heridos con lesiones graves.

¿Qué impulsa la insistencia de las autoridades del gobierno central, particularmente de los ministerios de Energía y Minas y de Economía para respaldar el proyecto minero? ¿Por qué no se escucha y respeta las decisiones de la comunidad de San Juan de Cañaris? ¿Por qué no intervienen las autoridades de los ministerios de Agricultura, de Cultura y de Ambiente para analizar y destacar los intereses de sus sectores frente al conflicto? ¿Por qué en estos casos no interviene el Fiscal de la Nación u otras autoridades semejantes para garantizar el orden público constitucional e internacional, buscando prevenir el conflicto?

Una posible respuesta se encuentra en el análisis económico de los hechos del conflicto. Tras una simple aplicación del análisis costo y beneficio podemos deducir una preferencia por los ingresos monetarios del proyecto sin posibilidad de cuestionar la necesidad o importancia de acrecentar el erario nacional para beneficio de “todos los peruanos”. Sin los impuestos que pagan las empresas mineras no es posible tener los fondos públicos necesarios para la ejecución de proyectos sociales a favor de poblaciones pobres como la misma comunidad de San Juan De Cañaris. Si el proyecto minero Cañariaco no se ejecuta, los costos económicos serían muy graves: no solo se dejaría de percibir ingresos monetarios para el erario nacional, sino que la decisión influiría en la situación de otros proyectos mineros, se incumplirían contratos de inversión bajo la forma de contratos- leyes  y, lo más lamentable, se dejarían de celebrar y ejecutar subcontratos mineros que favorecen a empresas nacionales y genera empleo a favor de miles de trabajadores.

Pero este razonamiento olvida un análisis socio-cultural basado en el desarrollo humano a favor de la población local. Tras un proyecto minero,  como el de Cañariaco, la comunidad no solo pierde una relación armoniosa con su medio ecológico, sino también su organización social y cultural con grandes efectos psicológicos. Los comuneros históricamente han practicado la agricultura y ganadería como medios de vida, desarrollando a su lado redes sociales comunitarias para la producción, cosecha e intercambio de sus frutos y productos, con prácticas culturales o costumbres que consolidan dichas redes. Un proyecto minero sobre este contexto produce inevitablemente la alteración del medio natural, transformando o anulando la agricultura y ganadería, pero, más aún, produce la alteración de su organización social y cultural comunitarios al transformar sus redes sociales y prácticas culturales orientándolos bajo el paradigma utilitario o pragmático de la actividad extractiva. Bajo este paradigma, por ejemplo, se produce la aparición de tecnología y comodidades modernas, pero también diversión nocturna que incluye discotecas, alcohol, drogas y prostitución.

El proyecto minero trae muchos beneficios monetarios o económicos, pero también trae y deja efectos negativos a nivel social y cultural. Sin embargo lo lamentable es que el beneficio económico no favorece a la población local. Los beneficiarios principales son los inversionistas y empresarios transnacionales, le siguen los empresarios nacionales que subcontratan con ellos, y los profesionales o trabajadores calificados que trabajan para ambos. Estos últimos conforman la creciente clase media peruana concentrada particularmente en Lima. Los pobladores de San Juan de Cañaris se beneficiarían con contratos menores de servicios o trabajo, que justifican la sustitución de su agricultura y ganadería, y con los subsidios que el gobierno central o regional proveería de acuerdo a los reclamos o protestas que protagonice.

Al final, una comunidad rural como San Juan de Cañaris que vive sobre una beta de oro, plata o cobre, se hace más pobre con la explotación minera. Desde un inicio queda sin tierras y sin trabajo (al ser desplazadas la agricultura y ganadería), y si bien puede recibir una indemnización y un trabajo temporal al lado de la mina, termina migrando a una gran ciudad cercana abandonando poco a poco su organización social y sus prácticas culturales.

¿Cómo revertir esta situación? Tres ideas pueden ser sugeridas a partir del caso de la comunidad de San Juan de Cañaris: En primer lugar, es necesario escuchar a la población de la comunidad, reconociendo sus acuerdos y consulta comunal. En segundo lugar, no olvidar la aplicación de un derecho flexible frente a estos casos; esto significa, de ser necesario, la revisión del contrato de inversión teniendo en cuenta la prioridad de los derechos constitucionales e internacionales. Por último, si el proyecto minero es viable (social y culturalmente, en adición a lo ambiental y económico) reiniciar su planteamiento al lado de la población local involucrada, explicando (no imponiendo) que el proyecto será de la comunidad convirtiéndolos en primeros beneficiarios de una explotación minera de largo plazo que respete sus actividades agrícolas y, sobre todo, su organización social y cultural.

Si contamos con fondos públicos para transformar el país ¿Por qué nos apresuramos en respaldar proyectos de inversión minera o petrolera sin sopesar los daños ecológicos, sociales y culturales sobre la población local? ¿Por qué queremos afectar o destruir los históricos bastiones comunales andinos y amazónicos que identifican aún el Perú? Creemos que aún es posible, por las razones expuestas, evitar un nuevo desastre ecológico, social y cultural en comunidades como San Juan de Cañaris.

Lima, 28 de enero; y 2 y 3 de febrero de 2013

 

[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD in Laws.