indecopi

Por: Juan Chang

Asociado del Estudio Miranda & Amado.

 

Mucho se ha hablado sobre la labor del Indecopi como garante del cumplimiento de las reglas de competencia dentro del mercado. Sin embargo, dicha labor va más allá de su arduo e importante trabajo en fiscalizar el cumplimiento de las normas en protección y defensa del consumidor.

Otra área de suma importancia en estos últimos años han sido la eliminación de barreras burocráticas con el objetivo de inaplicar disposiciones emitidas por la propia Administración que impiden, ilegal o irracionalmente, la entrada o permanencia de los proveedores en el mercado. Estas barreras, en la medida que afectan a los proveedores, tienen como consecuencia directa una reducción en la oferta y/o el encarecimiento de precios. Todo termina perjudicando al mercado y, al final de cuentas, al consumidor.

Una gran cantidad de casos se vinculan a requisitos ilegales o irracionales impuestos por gobiernos municipales para la obtención de licencias que, muchas veces, son negativas encubiertas por incluir requisitos excesivamente onerosos (por no decir imposibles) de cumplir[1].

Sin embargo, a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tampoco le ha “temblado la mano” al momento de declarar como barreras a exigencias establecidas por el Gobierno Central, como ha sido el reciente caso de diversas barreras impuestas por el MININTER para trámites vinculados a autorizaciones de promociones comerciales (Resolución 0464­-2014/CEB-­INDECOPI[2]) e, incluso, declaró como barrera burocrática a una medida correctiva dentro de un procedimiento de protección al consumidor dictada por la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi de Ica y confirmada por la Sala de Protección al Consumidor (Resolución 0147-2015/CEB-INDECOPI). Así es. El propio Indecopi también puede generar barreras, y el propio Indecopi también tiene capacidad para eliminarlas.

Los casos de eliminación de barreras burocráticas son conocidos por muchos como “amparitos” porque su resultado, de manera similar a la acción constitucional, tienen como propósito final la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal o irracional pero sólo para el caso concreto[3]. (que no se siga afectando a la persona que interpuso la acción). Lamentablemente, la disposición normativa no será “expectorada” de nuestro régimen jurídico y, aunque suene absurdo, sigue surtiendo plenos efectos para el resto de mortales y afectando la entrada o permanencia de los demás agentes que no hayan iniciado sus propias acciones ante el Indecopi.

Es por ello que resulta sumamente interesante el Proyecto de Ley No. 236-2016-CR (presentado por Fuerza Popular) bajo la cual, precisamente, se busca, entre otros, que la inaplicación efectuada por el Indecopi a una barrera burocrática tenga efectos generales cuando sea establecida por decreto supremo, resolución ministerial o norma municipal o regional de carácter general.

El proyecto claramente reconoce la imposibilidad del Indecopi de derogar normas. Sin embargo, los efectos serán similares (sino acaso, los mismos). De hecho, el propio proyecto estipula que “la resolución [que declaró la inaplicación general] será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación.”. Para esta Ley, si llega a darse (y esperemos que así sea), la derogación sería una consecuencia de la inaplicación general.

Este proyecto, ciertamente, será motivo de ardua discusión. No todos los días se propone una ley que tenga por objetivo facultar a una Autoridad Administrativa a declarar la inaplicación general de disposiciones normativas y, especialmente, por su impacto en la acción de inconstitucionalidad y la acción popular.

A título personal, creo que vale la pena de sincerarse de una vez. Si aceptamos la posibilidad de que el Indecopi ordene la inaplicación de una barrera burocrática para un caso concreto (labor que ha merecido, incluso, el reconocimiento del Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia, así como de Ciudadanos al Día), y que, frente a un pedido similar el Indecopi, deba emitir una decisión también similar (pues lo contrario podría conllevar a un acto de discriminación), entonces ¿por qué dicha decisión no debería tener efectos generales desde un principio y ahorrarnos tiempo y dinero (no sólo a todos los privados afectados por dicha barrera, sino también al Indecopi por la mayor carga y a la propia entidad cuestionada que, si es terca, destinará sus recursos a defenderse ante nuevos reclamos y juicios)? ¿Por qué no exigir de una vez a la entidad que generó la barrera que la elimine? Desde un punto de vista práctico, no se me ocurre argumentos en contra.

Como siempre, estamos ante una solución ex – post sumamente útil y efectiva (después de todo, los funcionarios que incumplan las disposiciones del Indecopi en estos temas son susceptibles de una multa impuesta por el propio Indecopi e, incluso, el sólo hecho del inicio de un procedimiento ha mostrado ser razón suficiente para que los gobiernos municipales decidan, de mutuo propio, eliminar la barrera que fue materia de cuestionamiento[4]). Sin embargo, este proyecto de ley debería ir de la mano con otros tantos que tengan como propósito generar incentivos adecuados para evitar que estas barreras se produzcan en un primer lugar (desde una correcta evaluación y sustentación de nuevos trámites y justificación de los ya existentes, hasta el otorgamiento de incentivos para aquellas autoridades que demuestren eficiencia en su gestión).

 

 

 

 

[1] De acuerdo a estadísticas oficiales del Indecopi, durante el año 2015 la Comisión de Eliminación de Barreras – sede Sur, resolvió 427 casos de barreras, de entre los cuales 161 correspondieron a actuaciones de gobiernos municipales. Casi el 40% de estos procedimientos (64 en total) fueron iniciados de oficio por el propio Indecopi. De estos 161 casos, 90 fueron declarados fundados y 27 fue declarada sustracción de la materia porque los gobiernos municipales, de mutuo propio, optaron por eliminar la barrera.

Fuente:  https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/232467/INDICE+2015+FINAL+FINAL+FINAL+FINAL/80271d70-308b-4cbe-8809-114abdb48117

[2] La Sala, mediante Resolución 0333-2016/SDC-INDECOPI confirmó varios de los extremos de dicha decisión.

 [3] No se está afirmando que una decisión del Indecopi tenga exactamente los mismos efectos que un pronunciamiento judicial con motivo de una acción de amparo. Sin embargo, para efectos prácticos, el Indecopi ha resultado una vía eficaz para destrabar la actividad económica de los particulares por actuaciones estatales.

 [4] Ver nota al pie 1.