Despido

Por: Sergio Quiñones Infante[1]

La publicación de una sentencia en casación de la Corte Suprema de Justicia (CAS. N° 699-2015-Lima) ha reavivado el debate en torno a la eventualidad de que los trabajadores puedan recibir hasta dos indemnizaciones como consecuencia de un despido arbitrario: una indemnización por el despido -en sentido estricto- más una indemnización por el daño moral ocasionado.

Efectivamente, la sentencia en cuestión -publicada en el diario oficial “El Peruano” el pasado 30 de junio del año en curso- habría validado la figura de la “doble” indemnización, al señalar que “corresponde indemnizar al demandante por concepto de daño moral, ya que el hecho de haber sido despedido en forma arbitraria por su empleador, le ha ocasionado sufrimiento, el cual se refleja a través de un posible deterioro en su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general”.

En este contexto, el presente artículo tiene como propósito repasar brevemente lo que la normativa vigente regula en esta materia y lo que la jurisprudencia ha desarrollado a partir de aquella, para luego formular unos breves comentarios a modo de principales conclusiones.

  1. ¿Qué establece la normativa actual?

Sobre este tema en particular, el artículo 27 de la Constitución Política del Perú prevé que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Precisamente, en desarrollo de este mandato constitucional, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) señala en su artículo 34 que “si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido” (énfasis agregado).

Nótese que, aun cuando el Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado a los trabajadores la facultad de optar entre la indemnización y la reposición en casos de despidos incausados o fraudulentos, el propio TC no ha puesto en discusión que -en aquellos casos en que resulte constitucional- la indemnización prevista en el artículo 38 de la LPCL[2] constituya la única reparación por el daño sufrido con ocasión del despido arbitrario (en su sentido estricto).

Por su parte, el Código Civil -de aplicación supletoria al ordenamiento laboral- regula las consecuencias derivadas de la inejecución de obligaciones, como es el caso de una resolución unilateral arbitraria del contrato de trabajo. Así, el artículo 1321 establece que, quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, queda obligado al pago de una indemnización de daños y perjuicios que comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y el artículo 1322 agrega que el daño moral también es susceptible de resarcimiento.

De la lectura conjunta de las normas antes citadas, se deprende que la controversia jurídica en este caso consiste en determinar si la indemnización prevista en la LPCL es efectivamente la “única” reparación por el daño que ocasiona el despido arbitrario, excluyendo legalmente cualquier otra eventual indemnización; o, por el contrario, si en adición a dicha indemnización laboral es posible que el trabajador afectado solicite judicialmente otra indemnización por concepto de daño moral, daño emergente o lucro cesante, según lo previsto en el ordenamiento civil.

  1. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia?

Como señalamos al inicio del presente artículo, no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncia sobre la materia que venimos abordando. Por el contrario, han sido diversas las oportunidades en que la máxima instancia del Poder Judicial ha analizado el otorgamiento de una “doble” indemnización con ocasión del despido.

Por ejemplo, en la CAS. N° 2677-2012-Lima, publicada el 30 de junio de 2014, la CSJ resolvió el caso de un trabajador cesado irregularmente de una universidad pública sin pago alguno de compensación, reconociendo que el despido arbitrario efectuado en su contra le había ocasionado un daño patrimonial en la modalidad de lucro cesante y que la indemnización otorgada por este concepto no era incompatible con una reparación por el daño moral que dicho cese irregular le había producido.

A diferencia del caso anterior, en la CAS. N° 139-2014-La Libertad, publicada el 30 de julio de 2015, la CSJ analizó la situación de un trabajador del régimen agroindustrial cesado irregularmente que sí había recibido la indemnización económica prevista por ley, y que solicitaba, como complemento, una indemnización por daño moral. No obstante declarar infundado su pedido, la CSJ señaló que “la sola probanza del hecho del despido irregular no constituye razón ni prueba suficiente para  concluir que existe un daño moral adicional que deba ser reparado, pues para ello sería necesaria la alegación y probanza de eventos o circunstancias concretas que, con motivo del despido, hubieran producido un sufrimiento o gran aflicción catalogable como daño moral que dé lugar a resarcimiento, como en otras ocasiones ha ocurrido, pero no se ha presentado en este caso[3]. (énfasis agregado).

Finalmente, en la CAS. N° 699-2015-Lima (que motiva el presente artículo) se ventila el caso de un ex funcionario público que, habiendo ganado un proceso laboral por despido arbitrario y cobrado la indemnización correspondiente, solicita luego -en la vía civil- una indemnización por lucro cesante y otra por daño moral.

Sobre lo primero, la CSJ resolvió declarar infundado el pedido al considerar que, si el demandante ya había optado por la indemnización prevista en la LPCL, cualquier reconocimiento adicional de lucro cesante o daño emergente generaría un enriquecimiento ilícito o pago indebido contrarios al ordenamiento legal. En cambio, la segunda pretensión sí resultó amparada, definiendo el daño moral como aquel “dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la víctima del evento dañoso” y admitiendo que “el hecho mismo de ser despedido sin causa justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible deterioro de su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general[4].

  1. ¿Qué conclusiones preliminares podemos formular?

En primer lugar, que la indemnización por despido arbitrario prevista en el artículo 38 de la LPCL comprende y cubre el lucro cesante o daño emergente que pudieran haberse originado con dicho despido. Es decir, el pago de la primera excluye el otorgamiento de las otras dos.

En segundo lugar, que la indemnización por despido arbitrario prevista en el artículo 38 de la LPCL no es incompatible con el reconocimiento de un daño moral derivado de aquel, pero que dicho daño moral debe probarse en el juicio y atiende a circunstancias del contexto personal y social que rodean el hecho mismo del despido.

En tercer lugar, que el tema de la eventual “doble” indemnización por despido arbitrario constituye todavía un debate abierto, habida cuenta que ninguna de las sentencias en casación emitidas por la CSJ ha tenido la condición de precedente vinculante.

Por último, consideremos que la discusión de fondo es una de carácter constitucional antes que legal. Es decir, se trata de dilucidar si el derecho constitucional a la adecuada protección contra el despido arbitrario admite como parte de su contenido esencial una única y exclusiva indemnización por el daño generado o si es constitucionalmente viable percibir otras indemnizaciones complementarias. Por ello, en nuestra opinión, debería corresponder que el TC se pronuncie en última instancia sobre esta materia.

_____ * _____

[1] Abogado Consejero de Miranda & Amado. Magíster en Trabajo y Política Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[2]  Artículo 38.- La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba.

[3] Considerando sexto considerando.

[4] Considerando Décimo segundo.