Arco_de_tacna

Por: Fernando Cantuarias Salaverry

          Nicolás Servan Eyzaguirre

El artículo 71 de la Constitución de 1993, reza así:

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

El antecedente primigenio del artículo 71 de la Constitución tal y como la conocemos en la actualidad, se encuentra en el artículo 39 de la Constitución de 1920, promulgada durante el gobierno de Leguía. A partir de aquel entonces, se ha mantenido vigente la restricción para los extranjeros de adquirir propiedad dentro de los 50 kilómetros de las fronteras. La mencionada prohibición tomaba sentido en aquella época en cuanto resultaba sumamente difícil resguardar las fronteras debido a la inexistencia de tecnología y a la prácticamente nula presencia del Estado, así como a los conflictos bélicos que vivió nuestro país durante el siglo XIX que reforzaron la idea de la inseguridad nacional.

Según nuestro Tribunal Constitucional[1], la “ratio legis” de esta norma constitucional, es de salvaguardar un bien jurídico constitucionalmente protegido de mayor relevancia como es la seguridad nacional, debido a que las zonas fronterizas son más vulnerables a una “invasión extranjera”. Asimismo, el propio Tribunal agregó que “dicha restricción es razonable y proporcional, en tanto que el ámbito de su extensión no resulta una afectación desmedida al derecho de propiedad de los extranjeros y cumple con el objetivo de la preservación de la soberanía del Estado”.

¿Este artículo constitucional tiene alguna lógica? ¿Puede con seriedad hablarse en el siglo XXI de posibles “invasiones extranjeras a partir de la propiedad”? ¿Acaso, como afirma alegremente nuestro Tribunal Constitucional, “no resulta una afectación desmedida al derecho de propiedad?

Un caso más que interesante y que no ha merecido análisis serio alguno por parte de los expertos, es lo que sucede en Tacna.

Muchas familias tacneñas tienen doble nacionalidad (por ejemplo, italianos). Cuando herederos han intentado inscribir en los registros públicos las herencias, pues han sido impedidos de hacerlo debido a la nacionalidad “extranjera” de uno o más de los herederos. ¿Se trata de un riesgo a la soberanía nacional? ¿nos van a “invadir” los herederos extranjeros”? ¿acaso esto no es una clara e inaceptable violación a la propiedad, sea de la nacionalidad que sea?

Es más, se sabe que la ciudad de Tacna está “partida por la mitad”. ¿Cómo así? Muy simple: Parte de la ciudad de Tacna está a 50 km de la frontera con Chile y la otra parte de la ciudad no. Así, gracias a la disposición constitucional, grandes almacenes o malls de capitales foráneos se han visto forzados a abrir sus tiendas en un lado de la ciudad. ¿Acaso esto es justificable? ¿debemos acaso preocuparnos de la “invasión” de los centros comerciales extranjeros? ¿o es que, en el fondo, lo que se está promoviendo es un claro desincentivo a la inversión?

A diferencia de lo que opinaron nuestros constituyentes y el propio Tribunal Constitucional peruano, todo da a entender que esta norma constitucional en efecto es un claro desincentivo a la inversión.

Así lo entienden los actuales parlamentarios de los departamentos de  Tacna y de Tumbes que piden la modificación del artículo 71 de la Constitución.  Por su parte, el Gobernador Regional de Tumbes ha considerado que esta norma constitucional “representa un candado a las inversiones”[2]. Es claro que el Congreso peruano no puede hacer oídos sordos a estas apreciaciones de los representantes de las ciudades que supuestamente pretenden ser “protegidas”, pero que, en los hechos, se vuelven menos competitivas que las del resto del país.

 

 

 

 

 

 


[1] Tribunal Constitucional (2009), Sentencia N° 04966-2008-PA/TC. Recuperada de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/04966-2008-AA.html

[2]http://elcomercio.pe/sociedad/peru/tumbes-y-tacna-piden-cambiar-constitucion-inversion-foranea-noticia-1922043?flsm=1