Congreso

Ana Cristina Neyra Zegarra

Profesora de Derecho Constitucional General de la Universidad del Pacífico

 

Acaba de concluir la presentación del Gabinete, liderado por Fernando Zavala, como Presidente del Consejo de Ministros, ante el Congreso de la República.

Han empezado las intervenciones de cada uno de los grupos parlamentarios, inquiriendo sobre las diferentes políticas que ha presentado el Premier como centrales para el gobierno en este momento inicial.

En el Perú, el sistema de gobierno no es uno que pueda calificarse como presidencial o parlamentario puro. Lo que hace nuestra Constitución es establecer un régimen presidencial, es decir, uno en que el Presidente de la República es elegido por el pueblo y asume funciones de Jefe de Estado y Gobierno.

Sin embargo, a esta característica central, le incorpora elementos propios del parlamentarismo, ya que, a diferencia de la casi rígida separación de poderes de un esquema presidencial, prevé caracteres de relación o coordinación entre estos poderes del Estado.

Uno de ellos se da justamente al inicio de un gobierno. Es la denominada “investidura”, que exige que el Presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Congreso (dentro de los 30 días de ser elegido) para “exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión” y, luego de ello, de manera obligatoria, debe plantear la “cuestión de confianza” (artículo 130 de la Constitución y 82 del Reglamento del Congreso de la República), otro de los elementos propios de un sistema parlamentario.

En otras palabras, somete las políticas expuestas a la votación del Pleno del Congreso de la República, el que puede votar a favor o en contra de otorgarla.

En caso se rechace esta cuestión de confianza, el Presidente del Consejo de Ministros y el Gabinete deben renunciar inmediatamente, renuncia que debe ser aceptada por el Presidente de la República dentro de las 72 horas de que haya sido formulada.

Si bien en este contexto de inicio del gobierno, parecería que la confianza tiende a ser otorgada, no deja de llamar a la reflexión, la posibilidad, al menos teórica, de que se produzca una rápida dimisión del Gabinete.

Ahora bien, la Constitución Política prevé también un mecanismo de contrapeso a esta posibilidad de denegación de la confianza por el Congreso. En ese sentido, permite que el Presidente de la República pueda disolver el Congreso siempre que se hubiera censurado o denegado confianza a dos gabinetes (artículo 134). El objetivo es reconocer la atribución, pero sin dar una libertad ilimitada que dificulte la organización del gobierno.

La vinculación entre Poder Ejecutivo y Legislativo es, entonces, no solo necesaria, sino, desde nuestra regulación constitucional, inevitable.

Pero, ¿qué sucede cuando la mayoría parlamentaria es abrumadora y no recae en el partido de gobierno? ¿Qué pasa cuando, como en la conformación del actual Congreso, se tiene a gran cantidad de congresistas de un partido político (73) que compitió en segunda vuelta pero que no obtuvo el Poder Ejecutivo? ¿Qué pasaría si votaran en contra de la confianza o simplemente se abstienen?

La aprobación, según la práctica parlamentaria (por no estar regulado expresamente en la Constitución o el Reglamento del Congreso), requiere de la mayoría de los presentes. En ese escenario, ¿cuál sería el efecto de la votación contraria o de la simple omisión de expresar la votación en algún sentido por 73 congresistas? ¿Cómo votarán las demás bancadas?

El impacto en la investidura es aún incierto pero prontamente se dilucidará, pero el debate se mantiene durante toda la vigencia de este Congreso y del actual gobierno.

No olvidemos que, además de la cuestión de confianza que solicita el ministro o ministros, es posible que el Congreso interpele (a través de convocarlos para absolver preguntas a los ministros) o presente pedidos para censurarlos (para hacer efectiva su responsabilidad política). ¿Cuál sería el efecto si la bancada mayoritaria decide hacer permanente uso de los mecanismos de control político?

Nuestro régimen presidencial con elementos parlamentarios, va a ser puesto, entonces, consideramos, en permanente evaluación. Analizar sus ventajas y desventajas será entonces labor del Derecho Constitucional y la Ciencia Política para, de ser el caso, plantear eventuales reformas en la organización de nuestro gobierno.